Afirma que los mutuos acuerdos son legales y tienen derecho a prestaciones
“Que con fundamento en todas las disposiciones legales citadas, y siendo estos directivos trabajadores de la empresa ETESA, tienen el derecho de suscribir mutuos acuerdos como se ha hecho en las anteriores administraciones”, dijo anoche la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) sobre las liquidaciones por más de $950,000 que se repartieron el gerente general, el subgerente y cuatro altos cargos en la entidad.
En un comunicado, afirman que tienen derecho a recibir las prestaciones laborales que por ley les correspondan como son vacaciones, décimo tercer mes, prima de antigüedad y la respectiva indemnización, previo refrendo de la Contraloría General de la República.
El gerente general, Calos Mosquera recibiría $249,195 y el subgerente Óscar Rendoll, $306,615 mientras que el director de Asesoría Legal, Ramón Palacios $119,366 y el director de Finanzas, Pablo Castrejón $116,577. También estaría beneficiada con $91,068, Zorina Carles, directora de Servicios Corporativos y Daniel Castilla, gerente de Compras, con $77,095.
ETESA señala que algunos mantienen contratos de trabajo “con carácter indefinido”, pero todos pueden ser removidos por su junta directiva.
La empresa estatal menciona que su “política general de beneficios para trabajadores” fue modificada en junio del 2019. En ese sentido, dice que uno de los puntos establece “una indemnización cuando la terminación de la relación de trabajo fuese por mutuo acuerdo o por decisión unilateral de la empresa, fijándose una tabla de compensación de conformidad a los años de servicios”.
Detalla que la salida “ordenada” de los ejecutivos y sus indemnizaciones tiene el propósito de “propiciar el espacio necesario” para que el próximo gerente general traiga a su propio equipo de trabajo.
En su comunicado, se refiere al caso específico de Mosquera y explica que su liquidación fue acordada porque necesita someterse de urgencia a una intervención quirúrgica. “Es decir que la terminación de la relación de trabajo fue de común acuerdo y no fue una decisión unilateral por parte del gerente general”, precisa la nota.
Actualmente, los pagos de las liquidaciones están en manos del contralor Gerardo Solís, para su refrendo, algo que el presidente electo, José Raúl Mulino, solicitó no hacerlo pues califica esto como un abuso contra los fondos públicos.