Un periodista me preguntó lo que a mí juicio debía ser arreglado en Panamá para convertirnos en una nación respetada dentro y fuera de nuestras fronteras. Mi respuesta la limité a lo que considero puede mejorarse en materia electoral, principal mecanismo que tiene la población para expresarse políticamente, hoy bastante irregular y poco confiable, como pudo verse en las recientes elecciones.
Por supuesto que habrá muchas más cosas que hacer. En esta ocasión me limito a esa prioridad.
Autoridades electorales. Se debe encontrar mecanismos más transparentes y serios para escoger a magistrados del Tribunal Electoral. Un magistrado, Eduardo Váldes, escogido por el Ejecutivo, con más de tres décadas en el cargo. 0tro, Juncá, designado por la Asamblea Nacional, que responde a los intereses del Partido Panameñista. El más reciente, Luis Guerra, activísimo militante del PRD, designado por la Corte Suprema de Justicia a petición de quien controlaba la Asamblea Nacional, a cambio de la ratificación legislativa de dos nuevas magistradas. Algo burdo y penoso.
El actual Tribunal ha perdido la buena valoración que gozaba delante de la población. Ha seguido la práctica de dividirse los cargos internos como si fuera un pastel a partir en tres partes. No olvidemos los tiempos del magistrado Pinilla cuando empleó allí a casi toda su parentela.
Han politizado la institución como es el caso de Bocas del Toro, donde los tres representantes del Tribunal en esa provincia, además de ser escogidos por el insaciable diputado del lugar, recibieron auxilios económicos del IFARHU, reflejando su escasa independencia frente a los gobernantes.
Requerimos un Tribunal políticamente independiente, garante de transparencia, alejado de vaivenes políticos.
Fiscalía Electoral. Al igual que el Tribunal, ha estado ausente en el control de los delitos electorales. En estos cinco años el uso de los recursos públicos en actividades proselitistas fue grosero, comenzando por el vicepresidente Carrizo, teniendo siempre presente que sería el candidato oficial. Usó sin control helicópteros, aviones, vehículos y todo tipo de recursos públicos para sus actividades políticas. Fiscalía y Tribunal miraron para otro lado.
Desde los tiempos del presidente Endara, la Fiscalía Electoral ha sido parte del botín político.
Urge que el nuevo presidente proponga un fiscal electoral desvinculado de toda corriente política, que independientemente sirva para investigar y sancionar a quienes abusan de su poder en materia electoral.
Financiamiento Electoral. Muchos piden la eliminación de los subsidios electorales otorgados a los partidos. Ha habido mucho abuso sobre el uso y disposición de los dineros entregados a partidos como subsidio, que sirve para mantener, a expensas de esos fondos, a los poderosos en cada partido.
Eso ha sido objeto de desagradables peleas públicas entre partidarios. Uno de los objetivos de ese financiamiento era dotar a los partidos de las herramientas para educar y formar a los militantes en las diferentes ramas de la administración pública y la ética política.
Eso no se ha hecho y no ha habido ningún control de parte del Tribunal Electoral para exigir que esa formación se imparta correctamente.
Código Electoral. Se debe acabar la nefasta práctica de permitir a funcionarios, como el vicepresidente de la República, que aspire a ser electo, sin antes renunciar al cargo. Los abusos cometidos por el vicepresidente Carrizo fueron innumerables, desconociéndose cuándo actuaba como candidato y cuándo como vicepresidente de la República.
Igual freno hay que poner a las candidaturas múltiples. No se puede permitir que alguien aspire a más de un cargo como ocurrió recientemente. Se debe impedir que aspiren a cargos en mancuerna familiares: Padre de principal, hijo de suplente. Esposa de principal y esposo de suplente. Además de chocante, es inmoral.
Considero una violación a los derechos humanos el que en pleno siglo XXI se exija a alguien inscribirte en el partido oficialista para tener un puesto público. Deberíamos eliminar los libros de adherentes de los miembros de un colectivo y, como antes, que solo existían registros internos de cada partido.
Estamos frente a la construcción de un nuevo país donde, partiendo por la honestidad que deben demostrar en sus cargos los nuevos gobernantes, debemos volver a poner en su lugar aquellas cosas y conductas que han sido responsables del deterioro institucional que hemos vivido.
El trabajo es grande y tendrá mucha resistencia hacerlo mejor. Eso lo debe saber el nuevo presidente.