El organismo multilateral pide que el país se asegure de disolver y liquidar a las empresas suspendidas del Registro Público
El Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió los esfuerzos de Panamá para fortalecer las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, lo que resultó en la exclusión del país de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en octubre del 2023, informó el diario La Prensa.
No obstante, advirtió que Panamá debe seguir reforzando sus controles, ya que sigue siendo vulnerable a amenazas externas debido a su economía dolarizada y su naturaleza como centro financiero regional.
El FMI destacó que muchas corporativas en Panamá, como fundaciones de interés privado, fideicomisos y sociedades de responsabilidad limitada, muchas de ellas estaban expuestas a un alto o medio nivel de riesgo de lavado de dinero.
Además, señaló que Panamá tiene un gran número de personas jurídicas suspendidas—cerca de medio millón— que requieren un camino hacia la disolución definitiva.
Expuso que, en los últimos cinco años, ha habido una reducción dramática en el número de personas jurídicas activas en el Registro Público. Pasó de 500,479, en mayo del 2017, a cerca de 218,806 en marzo del2023.
“Aunque hay una presunción legal de que las empresas suspendidas se disolverán después de un año (a menos que aborden la causa subyacente de la suspensión y sean reactivadas), en la práctica esto no está sucediendo. Se debe llegar a un acuerdo a nivel de políticas y desarrollar procedimientos para disolver y liquidar las empresas suspendidas que han pasado el plazo para la reactivación”, señaló el FMI.
Precisó que esto permitiría que las entidades obligadas, incluidos los bancos, se beneficiarían de la claridad sobre cómo tratar con los clientes existentes cuyo estatus legal está suspendido para facilitar la identificación continua de personas jurídicas suspendidas y evitar la disolución de activos.
El FMI indicó que los esfuerzos logrados con el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF) y la creación de una Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) están bien dirigidas y deben continuar las reformas.
Asimismo, consideró que en el futuro se debería habilitar las búsquedas de otros puntos de datos (por ejemplo, el nombre del beneficiario final), lo que mejoraría la utilidad del RUBF para fines de investigación y cooperación internacional.
También recomendó explorar la posibilidad de abrir el RUBF a otras partes interesadas, incluidas las entidades obligadas, para promover la notificación de discrepancias, lo que a su vez mejoraría la calidad de la información.