Se busca fortalecer los marcos legales y normativos que rigen la contratación pública
Un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional busca que las personas naturales y jurídicas condenadas por corrupción, así como aquellos que hayan pactado acuerdos de colaboración judicial o pena, tengan prohibido contratar con el Estado, informó el diario La Prensa.
La iniciativa de ley que modifica articulados de la Ley de Contrataciones Públicas fue presentada por el diputado de Vamos, Augusto Palacios, del circuito 4-1, Chiriquí.
“Las personas naturales o jurídicas que, a través de sus representantes, constituyentes o accionistas, actúen como continuación, derivación, sucesión o testaferro de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera se encuentren bajo su control efectivo, estarán sujetas a las mismas restricciones que dicha persona impedida o inhabilitada”, señala el anteproyecto.
Detalla que esta disposición será aplicable independientemente de la forma jurídica utilizada para eludir la restricción, incluyendo, pero no limitándose a fusión, escisión, reorganización, transformación u otros mecanismos similares.
El anteproyecto también alcanza a las personas naturales que de manera directa o indirecta poseen, controlan o ejercen influencia significativa. “Esto también abarca a quienes ejercen control efectivo final sobre una persona jurídica”, dice la iniciativa legislativa.
Entre los motivos del anteproyecto, describe que durante muchos años, diversos escándalos de corrupción han sacudido la confianza pública en las instituciones estatales, revelando una necesidad urgente de fortalecer los marcos legales y normativos que rigen la contratación pública, específicamente cuando se trata de empresas y personas que se han visto beneficiadas por esquemas corruptos en la adjudicación de obras y servicios.
“Los procesos de contratación pública son muy susceptibles a la corrupción debido a ciertas características propias del sector, como el volumen de contratos, la sensibilidad política de muchos proyectos públicos, las industrias involucradas, la interacción estrecha entre los sectores público y privado y, a menudo, los altos niveles de discrecionalidad por la falta de digitalización en los procesos previos a la contratación y durante la ejecución de obra”, aseguró el diputado Palacios.
Expone que en los dos últimos gobiernos han asignado millonarios contratos a empresas que han sido mencionadas en casos de corrupción. El anteproyecto fue remitido a la Comisión de Comercio para su análisis y discusión.