Se le acusa de corrupción, abuso de autoridad y tráfico de influencias
Una querella criminal fue presentada este martes en la Procuraduría General de la Nación, contra el separado rector de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), Víctor Luna Barahona, y otros funcionarios.
El abogado Omar Jaén, quien interpuso la querella, explicó que el recurso incluye acusación por los delitos de corrupción de servidores públicos, abuso de autoridad, infracción de los deberes del servidor público, tráfico de influencias, concusión o exacción y delitos contra la fe pública, todos tipificados en el código penal panameño.
El documento expone que, bajo la gestión de Víctor Luna Barahona, se habrían cometido graves violaciones a los principios de transparencia en los procesos electorales internos, incluyendo el control indebido del Comité Electoral Universitario.
Entre las denuncias que incluye, destacan “la destitución arbitraria de miembros clave del Comité, la promulgación de resoluciones irregulares y las alteraciones de reglamentos con el objetivo de favorecer las aspiraciones reeleccionistas del rector”.
De acuerdo a Jaén, estas acciones afectan no solo el equilibrio democrático dentro de la UMIP, sino también la confianza de la comunidad universitaria. “Al comprometer la transparencia en las elecciones para rector y decanos, programadas para diciembre de 2024, se pone en riesgo la legitimidad de los procesos y la integridad de la institución”, dijo el abogado.
La querella también destaca supuestas represalias sufridas por varios funcionarios. “Entre los casos destacan la destitución de los profesores Marcos Vigil y Nilka Arosemena, presidente y secretaria del Comité Electoral, quienes fueron removidos de sus funciones por no alinearse con los intereses del rector. Estas acciones vulneran los derechos laborales y envían un mensaje intimidatorio a los servidores públicos, afectando su autonomía y desempeño profesional”, indicó Jaén.
Explica que el querellante Omar Wong Wood fue destituido de su cargo como periodista de carrera administrativa tras denunciar públicamente estas irregularidades. Considera que esta decisión no solo ha impactado su estabilidad personal, sino que también representa una violación a su derecho a la libertad de expresión y al deber legal de denunciar actos que atenten contra el bien público.
El abogado Jaén enfatizó que este caso es clave para salvar la institucionalidad de la UMIP y sentar precedentes contra la corrupción en la administración pública. En la querella se solicita la remisión de documentos que evidencian las irregularidades y la judicialización de los responsables.
“Es imprescindible que se investigue a fondo y se tomen las medidas necesarias para restaurar la transparencia y la confianza pública”, afirmó Jaén.