Existen pruebas contra el exjefe de Estado, que demuestran “inequívocamente” que “planificó, actuó y tuvo control directo” sobre la intentona de golpe militar
Según la Policía Federal brasileña, existen pruebas contra Jair Bolsonaro que demuestran “inequívocamente” que el expresidente “planificó, actuó y tuvo control directo y efectivo sobre los actos ejecutivos realizados por la organización criminal que tenía como objetivo llevar a cabo el golpe de Estado y la abolición del Estado democrático de derecho”, informó la agencia Infobae.
Esas son las líneas más dramáticas del informe de más de 800 páginas de los agentes federales que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidió hacer público en su totalidad el martes.
La semana pasada fue la propia policía la que entregó al juez ese documento, en el que acusa no solo al expresidente, sino también a dos de sus exministros, el general Augusto Heleno (Gabinete de Seguridad Nacional) y el exministro de Defensa y Casa Civil, Walter Braga Netto, además de una treintena de militares.
Según las investigaciones, Bolsonaro había llegado a preparar un decreto que proponía la “ruptura institucional para impedir la instalación del gobierno de Lula, establecer el Decreto de Estado de Defensa en el Tribunal Superior Electoral (TSE)” y crear la Comisión de Regularidad Electoral para investigar la “conformidad y legalidad del proceso electoral”. Este decreto serviría de “base legal para el golpe” y sería firmado por Bolsonaro el 15 de diciembre, bajo la operación Puñal Verde y Amarillo.
Ese mismo día, Moraes habría sido detenido y probablemente asesinado por algunos militares implicados en la investigación.
Informando constantemente a Bolsonaro de los preparativos del golpe estaba su antigua ‘mano derecha’, el teniente coronel Mauro Cid, repetidamente interrogado la semana pasada, tanto por la Policía Federal como por el juez Moraes.
El informe también señala que la policía incautó una copia borrador de un supuesto plan golpista titulado “Operación 142″ en la sede del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, en el escritorio de un asistente del entonces ministro Braga Netto.
En la última parte de esta copia se lee “Lula no sube los escalones”, en referencia a la ceremonia de investidura del presidente electo, que tuvo lugar el 1 de enero del 2023.
En un intercambio de mensajes, mencionado en el informe, el teniente coronel Sérgio Cavaliere cita un golpe fallido en Perú del ex presidente Pedro Castillo en diciembre del 2022, explicando que Bolsonaro no llevaría a cabo el plan golpista.
El presidente no se va a embarcar solo (en ese plan) porque podría pasar lo mismo que en Perú. Tiene un decreto listo, lo firma y después no aparece nadie y lo detienen. Así que prefiere no arriesgarse”, dice Cavaliere hablando con el coronel Gustavo Gomes.
En otra parte del informe, se lee que el coronel Gomes declaró que Bolsonaro había sido “abandonado”. “Lamentablemente, la FAB (Fuerza Aérea Brasileña) se ha debilitado y ahora también el Ejército. Solo la Marina quiere guerra; el presidente ha sido realmente abandonado”, dice Gomes.
El expresidente planificó, actuó y tuvo control directo y efectivo sobre los actos ejecutivos realizados por la organización criminal que tenía como objetivo llevar a cabo el golpe de Estado y la abolición del Estado democrático de derecho, indicó el informe.
Bolsonaro comentó las acusaciones en su contra, negando cualquier responsabilidad y hablando de “persecución política”. “Nunca hablé de golpe con nadie. Si alguien viniera a hablarme de un golpe, le preguntaría: ¿Y al día siguiente? ¿Cómo nos presentamos ante el mundo? La palabra golpe nunca ha estado en mi diccionario. Nunca haría nada fuera de las cuatro líneas de la Constitución. En esas cuatro líneas se puede resolver todo”, dijo al aterrizar en San Pablo procedente de Alagoas, en el norte del país, donde se enteró de la noticia de su incriminación mientras pasaba allí sus vacaciones.
Planear, escribir un plan, decir que se quiere matar a alguien y hacer cualquier tipo de conjetura en un texto o declaración oral no es necesariamente un crimen según el código brasileño.
Además, en relación con el plan para envenenar a Lula y a su adjunto Geraldo Alckmin, por el que la Operación Anti-Golpe de la Policía Federal también detuvo a cuatro militares y un agente la semana pasada, no está claro qué parte del plan se había llevado a cabo, ni si el grupo había conseguido obtener las armas y el veneno.
Por último, los juristas señalan dos defectos de forma: El juez Moraes no puede ser el juez del caso en el que aparece como víctima, ya que era uno de los posibles objetivos a asesinar en el plan Puñal Verde Amarillo.
Incluso el hecho de que el caso haya aterrizado en el STF es cuestionado por los juristas, porque el STF tramita juicios para quienes gozan de impunidad parlamentaria. No es el caso de Bolsonaro ni de los demás acusados.
Lo que es seguro es que el caso se prolongará durante meses, por lo menos hasta febrero, cuando la Fiscalía General de la República decida cómo proceder, si acusa a Bolsonaro y a los demás militares y luego los lleva a juicio, o archiva definitivamente esta historia.
Pero el impacto social y político probablemente permanecerá en el debate público hasta las elecciones presidenciales del 2026, polarizando aún más el país.
No es casualidad que, casi simultáneamente con la divulgación del informe, salieran a la luz datos del instituto de sondeo Paraná Pesquisas, recogidos entre el 21 y el 25 de noviembre, cuando ya se había producido la acusación de Bolsonaro por la Policía Federal.
Si las elecciones presidenciales tuvieran lugar en estos días, dicen los encuestadores, a pesar de que Bolsonaro es inelegible hasta 2030 por decisión de la Justicia Electoral, el ex presidente se llevaría el 37,6% de los votos frente al 33,6% de Lula.