El expresidente le confiesa a un alto ejecutivo de telecomunicaciones que está “luchando por quitarle” la concesión otorgada a la empresa Panamá NG Power
Al mediodía del domingo 22 de julio del 2018, el expresidente Juan Carlos Varela le escribió al principal ejecutivo de un holding de telecomunicaciones y trasporte, acerca de una planta eléctrica a base de gas natural (GLN) en Colón, por un costo de $900 millones.
“Yo apoyé con todos los trámites financieros”, se jactó el exmandatario, según registros de los Varelaleaks, revelando, al mismo tiempo, que había estado maniobrando para impedirle a una determinada empresa, la construcción de la referida planta de energía.
La concesión había sido otorgada al empresario Mayor Alfredo Mello Alemán y su sociedad Panamá NG Power, S.A. “Yo lucho por quitarle la concesión”, le confió Varela al alto ejecutivo.
Por revelaciones de los Varelaleaks, se conoce la forma cómo el exgobernante bloqueó a la empresa Panamá NG Power, gestora desde el 2011 de proyectos de generación eléctrica a base de GNL.
Varela empleó su poder para impedir el desarrollo de ese proyecto y facilitar, en forma expedita la participación de otras empresas competidoras en la industria de generación eléctrica a base de GNL y favorecer al grupo empresarial asociado con la transnacional estadunidense AES Corporation.
La planta de AES Corporation fue inaugurada a mediados de agosto del 2018.
Cabe destacar que los responsables de los temas de energía del Estado durante el quinquenio varelista, salieron de la empresa Panamá Power Holding Inc., vinculada a la familia González Revilla.
Gilberto Ferrari, nombrado gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA), había sido gerente de Panamá Power Holding, y Roberto Meana, el administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), fue asesor legal y de asuntos regulatorios de la misma empresa.
Seis días después de estar al frente de la ASEP, la empresa Panamá Power Holding envió una nota a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, en la que informaba que Meana se había acogido a una licencia sin sueldo por dos años.
Diversas agrupaciones, incluyendo la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), exigieron la renuncia de Meana señalando conflictos de interés, porque no debía “tener vínculos con ninguno de los agentes del mercado y eso debió tomarlo en consideración cuando fue nombrado como autoridad de los servicios públicos”.
Durante la crisis política y social de mediados del 2018, por el aumento de la tarifa eléctrica, Varela se desangró políticamente y tuvo que negociar con la Asamblea Nacional (AN) la aprobación de un aumento de $60 millones en subsidios a las empresas eléctricas distribuidoras.
El gobierno de Varela había gastado en el 2018, unos $1,100 millones más de lo recaudado, elevando el déficit a 1,6% en relación con el Producto Interno Bruto, muy por encima del 0,5% permitido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Resultaba urgente, entonces, la aprobación por parte de la AN, de una dispensa a la ley para elevar el déficit al 2% en relación con el PIB y obtener $335 millones adicionales para gastos, entre los cuales figuraban $60 millones como subsidio del Estado al aumento de la tarifa eléctrica. La dispensa fue aprobada el jueves 4 de octubre del 2018.
De acuerdo a los Varelaleaks, los opositores a la medida centraron sus ataques en Meana, pidiendo su renuncia, y sobre Varela por “el manejo errático de la política energética” del país.
Varela se quejó de que ese debate lo había “desangrado y destruido políticamente”. “Estoy cansado de decir que mi capital político no puede arreglar todos los problemas del país”, se desahogó el expresidente, de acuerdo a los Varelaleaks. “Evitemos ese aumento”, le pidió a Meana.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había trazado un plan para que el aumento tarifario no fuera mayor del 5%, pero Meana impuso un incremento del 8,4% para 24,5% de los usuarios de mayor consumo. Varela defendió la decisión, pese a resultar errátics y desacertada, argumentando que “era difícil para el Estado asumir el incremento” en la tarifa.
-Roberto Meana: Lo que podemos hacer es un subsidio.
-Roberto Meana: Y con eso minimizamos el ajuste.
-Jj: Vamos a subsidiar estos seis meses.
-Roberto Meana: Es la solución
Meana le explicó a Varela que cada seis meses se hacía una revisión tarifaria en relación con los precios del petróleo. Si los precios se incrementan “se ajusta la tarifa para que se puedan recuperar esos costos, que fueron pagados por las distribuidoras de electricidad”.
A dos meses de la inauguración en Colón de la planta de AES Corporation, Varela trataba de vender ese proyecto como la solución a los precios de la electricidad.
“La planta de gas y su entrada, ¿no nos trae ahorro?”, le preguntó el expresidente a Meana. El razonamiento de Meana era que las empresas distribuidoras de energía eléctrica tenían costos que el Estado debía pagar.
-Jj: Tratemos no se dé ajuste en la tarifa de la electricidad.
-Jj: Usemos la energía a futuro de la planta de gas.
-Jj: No tiene sentido inaugurar una planta de gas el 9 de agosto.
-Jj: Y subir la luz el primero de julio.
-Roberto Meana: Presidente, los ajustes que se dan recogen los costos que ya incurrieron los distribuidores y eso se tiene que pagar.
-Roberto Meana: Tenga en cuenta que los combustibles han variado hacia arriba y eso hay que compensarlo.
En la crisis por el alza de la tarifa eléctrica, Ferrari no estaba de acuerdo con que se dieran $60 millones en subsidio a las empresas distribuidoras. “Esa suma debió usarse para inversiones de ETESA”, le escribió a Varela.
“Exactamente lo que tenemos que evitar, esa plata debió ser para poder construir los activos que ETESA necesitaba y no para bajar la tarifa. Pan para hoy y hambre para mañana”, le escribió Ferrari al exmandatario el 8 de julio del 2018, de acuerdo a los Varelaleaks.
Unos meses antes, el exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburu, le había propuesto un plan a Varela para superar “la disyuntiva que enfrenta ETESA”. Aramburu era miembro de la junta directiva de esa entidad y en octubre del 2016 fue designado por el gobierno varelista como candidato para ocupar la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina. Su candidatura no encontró respaldo y fue elegido el peruano Luis Carranza.