Gobiernos de todo el mundo y organizaciones de derechos humanos califican la orden de EEUU de ataque a la justicia penal internacional
La comunidad internacional ha reaccionado con dureza contra las sanciones impuestas por Estados Unidos a la Corte Penal Internacional (CPI) este jueves, informó el diario español El Periódico.
Organizaciones como Humans Right Watch y Amnistía Internacional, así como líderes de más de 70 países, entre los que se cuenta España, han salido al paso de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que se ha interpretado como un intento de debilitar la capacidad del tribunal para perseguir crímenes de guerra y otros delitos graves.
Se considera que va especialmente dirigida a dificultar la ejecución de las órdenes de arresto emitidas contra el jefe del régimen israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra en Gaza.
La propia Corte ha admitido que estas sanciones pueden “perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”, y ha subrayado que “se mantiene firme junto a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo” en todas las investigaciones que tiene abiertas.
“Hacemos un llamamiento a nuestros 125 Estados miembros, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo a unirse en defensa de la justicia y los derechos humanos fundamentales”, ha agregado el tribunal en un breve comunicado. Los interpelados no han tardado en reaccionar.
Un total de 79 países ya habían firmado una declaración conjunta en contra de las sanciones en el momento de escribir estas líneas, entre los que están Canadá, México, Francia o Alemania.
La orden ejecutiva de Trump sobre la Corte Penal Internacional pone efectivamente a Estados Unidos del lado de los criminales de guerra a expensas de las víctimas de crímenes graves que buscan justicia”, ha dicho Liz Evenson, directora de justicia internacional de Human Rights Watch en un comunicado.
La organización ha advertido que estas sanciones privarán a las víctimas de justicia y dificultarán los esfuerzos internacionales para garantizar que los responsables de los peores crímenes del mundo se enfrenten a la ley.
“Los países miembros de la CPI deberían apoyar pública y enérgicamente a la corte por hacer el trabajo para el que fue creada: garantizar que nadie esté por encima de la ley”, ha añadido.
La orden de Trump impone una congelación de fondos y prohibición de entrada en el país a funcionarios y colaboradores de la CPI. Las sanciones también podrían afectar las operaciones técnicas de la Corte, incluyendo la recopilación de pruebas. Existen temores de que los testigos y las víctimas de estas atrocidades puedan decidir no presentarse ante el tribunal, sabiendo que sus testimonios podrían verse comprometidos, puestos en duda, e incluso ser perseguidos por ello.