Ha cruzado ya líneas nunca exploradas, así que muchos se preguntan cuáles podrían ser las consecuencias para su equipo si siguen ignorando las normas judiciales
Donald Trump está dispuesto a desafiar a todo aquel que no acepte sus términos, incluidos los tribunales, la única institución que, en principio, puede poner freno a algunas de sus políticas de cierre de departamentos públicos y expulsión masiva de inmigrantes, informa el diario La Razón.
Este viernes, el mandatario amanecía publicando este mensaje en Truth Social, ¨ningún juez de distrito, ni ningún juez puede asumir las funciones de presidente de Estados Unidos. Solo acabaría en crimen y caos¨.
Trump está enfadado porque varias órdenes judiciales están frenando algunos de los últimos movimientos de su administración, como expulsar a las personas transgénero del servicio militar, rescindir los contratos de empleados públicos que se encontraban en periodo de prueba, o enviar migrantes que se encuentran en Estados Unidos a otros países utilizando aviones fletados.
Desde que llegó a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, ha sido un constante tira y afloja entre la nueva administración y decenas de organizaciones que han denunciado sus decisiones por no ajustarse a derecho.
Su última contienda judicial ocurrió hace una semana. El mandatario norteamericano envió a El Salvador 137 venezolanos que se encontraban en Estados Unidos. Lo hizo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, un recurso legal excepcional que solo se ha invocado tres veces en la historia del país y siempre en tiempos de guerra.
Su administración hizo oídos sordos a una orden judicial que prohibía estos vuelos, y por eso el magistrado pidió un informe para entender porque no se había cumplido la orden, pero la Casa Blanca también ignoró esta petición alegando que se trataba de una ¨pesca judicial innecesaria¨.
Más tarde, el Departamento de Justicia presentó un informe que no respondía a lo que se les preguntaba y Donald Trump incluso fue más allá, volcando su enfado en el juez que le estaba contradiciendo, James E. Boasberg, un magistrado nominado por el expresidente demócrata Barack Obama.
Desde hace días se ha enfrentado a calificativos como ¨marxista¨, ¨simpatizante del terrorismo¨, y varios ataques que llegan de los partidarios del líder republicano y su séquito de fieles como la fiscal general Pam Bondi, que le ha acusado de ¨inmiscuirse en nuestro gobierno¨, planteando abiertamente la duda de ¨ por qué el juez intenta proteger a los terroristas que invadieron nuestro país por encima de los ciudadanos estadounidenses¨.
El magistrado le ha dado a Trump hasta el próximo martes para que explique por qué los funcionarios no siguieron sus indicaciones y permitieron que los vuelos con venezolanos despegaran.
¨El gobierno ha vuelto a eludir sus obligaciones¨, señaló en su escrito asegurando que la primera respuesta a su petición sobre estos vuelos era ¨lamentablemente insuficiente¨.
Por su parte, el presidente republicano ha pedido un impeachment (juicio político) contra él, lo que ha obligado al líder de la Corte Suprema, John Roberts, a intervenir y en una declaración inusual ha asegurado que ¨no es la respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial¨.
Para él también ha habido ataque por parte del mandatario, que ha insinuado que la Corte Suprema ¨estaba comprometida con los ¨sesgos políticos¨.
La Casa Blanca acusa a Boasberg de extralimitarse en su poder para interferir en la agenda del presidente, pero el magistrado se defiende asegurando que pausó la extradición de los venezolanos para asegurarse que no se estaba cruzando ninguno de los límites que establece la propia norma sobre cuándo y cómo puede usarse.
Trump ha cruzado ya líneas nunca exploradas, así que muchos se preguntan cuáles podrían ser las consecuencias para su equipo si siguen ignorando las normas judiciales. Un juez podría declarar a los funcionarios en desacato, pero ¿podría el inquilino de la Casa Blanca indultarlos? No está claro.
Los expertos apuntan a que los jueces tienen ¨poca autoridad¨ en este caso para hacer cumplir sus órdenes, y The New York Times apunta a que los juristas están preocupados por las consecuencias que podría tener que la Casa Blanca siga desobedeciendo, lo que podría ¨conducir a una crisis constitucional¨.