El muro atraviesa el cauce del río Tijuana sin acuerdo binacional, lo que violaría tratados internacionales y pone en riesgo a miles de personas en México y Estados Unidos
Un nuevo muro fronterizo de aproximadamente nueve metros de altura construido por la administración de Donald Trump ha generado fuerte controversia y alarma en ambos lados de la frontera, informaron medios de prensa internacional.
La estructura, que cruza la canalización del río Tijuana, fue concebida como puente para la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), pero sus consecuencias podrían ir mucho más allá de lo político o migratorio.
Autoridades de Baja California e ingenieros civiles han advertido que la obra, a pesar de contar con compuertas electrónicas para permitir el flujo del agua, podría provocar inundaciones graves en el centro de Tijuana y en San Ysidro (California) si no se gestiona adecuadamente el caudal en temporada de lluvias.
El temor es que, en caso de un mal funcionamiento o una respuesta tardía, el agua quede represada, generando desbordamientos peligrosos en zonas urbanas densamente pobladas.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en México ha emitido un comunicado en el que señala que la construcción viola un acuerdo binacional firmado en 1977, que establece que toda obra sobre el cauce del río Tijuana debe ser consensuada por ambos países.
“Los efectos de este muro serían negativos y podrían incluir inundaciones, daños y pérdidas de vidas en territorio mexicano”, advirtió Adriana Reséndez Maldonado, titular de la sección mexicana de la CILA.
La postura oficial exige que cualquier acción sobre el canal del río, que es considerado territorio compartido, debe pasar por mecanismos de diálogo y autorización mutua. Según fuentes de la CILA, México estaba al tanto del proyecto desde su inicio, lo que genera cuestionamientos sobre la respuesta diplomática del gobierno.
El río Tijuana tiene una extensión de 195 kilómetros y fluye entre el estado mexicano de Baja California y el sur de California. Su cauce atraviesa la ciudad de Tijuana antes de desembocar en el Océano Pacífico, y cumple una función vital en el drenaje urbano y equilibrio ecológico de la zona fronteriza.
Para el antropólogo Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, este es “un tema complejo que toca aspectos ambientales, sociales y políticos”. Considera preocupante que Estados Unidos imponga estructuras unilaterales que ignoran compromisos internacionales, y que México no esté respondiendo con la firmeza necesaria.
“No solo se trata de frenar la migración, sino de aceptar tácitamente que se pueden modificar cauces naturales y fronteras sin consulta binacional”, afirma Clark.