Solicitó a la Contraloría una “copia urgente” del resultado de la auditoría que detectó hallazgos sobre una posible lesión patrimonial
La Procuraduría General de la República informó este martes que ha iniciado una investigación de oficio por la presunta comisión de delito contra la administración pública y otros delitos en perjuicio del Estado en la renovación del contrato con Panama Ports Company, S.A. (PPC) para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal.
El procurador, Luis Gómez, en misiva al contralor Anel Flores, solicitó, “con carácter de urgencia”, copia debidamente autenticada del informe de auditoría que realizó la Contraloría en la que se determinó la posible existencia de una lesión patrimonial aproximada de $1.2 billones.
El contralor reveló este lunes los resultados de la auditoría financiera y legal ejecutada a Panama Ports e informó que fueron detectadas serias anomalías, por lo que calificó el contrato de “leonino”, gestionado por “malos panameños”.
Reveló que existen hallazgos sobre una posible lesión patrimonial de $1.2 billones contra el Estado panameño.