La empresa sostiene que no se puede tergiversar la realidad jurídica y rechaza la existencia de una posible lesión patrimonial
La empresa Panama Ports Company (PPC) rechazó este miércoles las acusaciones de la Contraloría General de la República, sobre una posible lesión patrimonial de $1,200 millones contra el Estado panameño, y aseguró que durante la vigencia de la concesión, ha pagado al Estado $668 millones, “superando con creces las contribuciones de cualquier otro operador portuario en el país”.
A través de un comunicado, PPC sostiene que no se debe tergiversar la realidad de la relación jurídica entre la empresa y el Estado.
Decir que ha dejado de pagar al Estado panameño $1,200 millones, resulta absolutamente contrario a la realidad”, recalcó.
La empresa concesionaria sostuvo que “cualquier manifestación a lo que debió pagar bajo el contrato de concesión celebrado en el año 1997, debe tomar en cuenta las adendas respectivas válidamente celebradas y aprobadas por ley”.
“Expresar lo opuesto, como lamentablemente ha ocurrido, no solo tergiversa la realidad de la relación jurídica existente entre PPC y el Estado panameño bajo el contrato de concesión y sus adendas, sino que, además contradice los propios actos del Estado panameño a través de los años”.
Explica que “todas las exoneraciones fiscales otorgadas a PPC bajo el contrato de concesión, aprobado por ley en 1997, y sus respectivas adendas, son precisamente las mismas exoneraciones fiscales otorgadas a los otros operadores portuarios en Panamá”.
Indicó que la Contraloría General de la República en su informe de auditoría del 2020, concluyó que PPC está en “cumplimiento sustancial” de las cláusulas y obligaciones del contrato de concesión.
Añade que también la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) certificó en el 2021, que PPC está en cumplimiento de sus obligaciones bajo el control de concesión.
Aseguran que la extensión del contrato de PPC es válida, se encuentra en vigor y cumple con todos los requisitos legales.
La empresa concluyó en que cree firmemente en el respeto a la seguridad jurídica.