La economía y la sociedad venezolanas reclaman urgentes reformas estructurales que, a su vez, exigen profundos cambios institucionales
En una economía como la de Venezuela -pequeña, abierta y muy debilitada por décadas de inestabilidad política, económica y social- los efectos de la restitución de las sanciones petroleras y financieras anunciada por el nuevo gobierno estadunidense van a tener un impacto profundo y duradero, informó el diario El Nacional.
Ahora, además, se añaden nuevas restricciones al comercio con terceros países y el retorno de miles de migrantes que difícilmente podrán ser absorbidos por la economía interna.
El sector petrolero representa más de 15% del PIB total de la economía venezolana, y el peso de las exportaciones petroleras en las exportaciones totales es de 80%. Con estos datos, es evidente que estamos en presencia de un choque negativo extraordinario que, desde luego, perturbará el nivel de la actividad económica interna y el ya muy deteriorado nivel de bienestar social.
La suspensión de las operaciones de Repsol ENI y Chevron -por citar algunas de las operadoras extranjeras más importantes- hará caer la producción de hidrocarburos entre el 20% y el 30%. Y los ingresos externos asociados a las exportaciones petroleras, entre 35% y 38%.
En lo inmediato, se espera que –en el mejor de los escenarios– el producto interno bruto caiga entre 2,5% y 3,5%, cuando en la última década el mercado interno de Venezuela se ha reducido 70%.
El comportamiento esperado de la economía global tampoco será favorable. Confluyen una previsión de crecimiento moderado, la tendencia a la baja de los precios del petróleo, la mayor oferta y mayor competencia en el sector de la energía, y la profundización de las políticas proteccionistas.
La agresiva alza de aranceles anunciada desde el gobierno de Estados Unidos se traducirá en menores volúmenes de comercio internacional y mayores presiones inflacionarias globales.
En el ámbito de la gestión fiscal, no hay ninguna holgura para compensar la caída de la recaudación por ingresos petroleros. Desde hace una década, el gobierno no tiene acceso a los mercados de capital foráneos ni a la banca multilateral y prácticamente no existe un mercado financiero interno.
Tampoco hay espacio para ajustar el gasto público, que ya se ha contraído de forma considerable en los últimos años (más del 50% en términos del PIB).