Buscan que los centros de detención tengan la capacidad suficiente para recibir a un número cada vez mayor de detenidos
A diferencia de otros países, en los que las prisiones son administradas por agencias públicas, en Estados Unidos las cárceles y los centros de detención de migrantes indocumentados son un negocio multimillonario en el que participan empresas privadas, informó la cadena británica BBC Mundo.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero y su promesa de implementar una política de deportaciones masivas hizo que se disparara el valor de las acciones de los dos gigantes del negocio carcelario: GEO Group y CoreCivic.
“Geo Group se creó para este momento único en la historia de nuestro país y para las oportunidades que traerá consigo”, dijo George Zoley, fundador de la empresa, en una llamada con inversores días después de que Trump fuera elegido.
Es una “oportunidad sin precedentes”, apuntó el presidente y director ejecutivo del mayor operador de prisiones privadas de Estados Unidos y el que alberga al mayor número de migrantes en el país.
La firma, que en el 2024 tuvo ingresos por un valor de $2.400 millones, espera duplicar todos sus servicios y aumentar su rentabilidad con la nueva administración Trump.
Entre sus mayores accionistas están los fondos de inversión BlackRock, Vanguard, Wolf Hill, FMR y Goldman Sachs.
Por su parte, CoreCivic, la segunda mayor empresa carcelaria del país, que en el 2024 tuvo ingresos de $2,000 millones, también proyecta una avalancha de nuevos negocios con el gobierno de Trump.
“Llevo 32 años trabajando en CoreCivic y este es sin duda uno de los períodos más emocionantes de mi carrera”, declaró Damon Hininger, director ejecutivo de la firma en febrero, anticipando que la empresa podría tener «quizás el crecimiento más significativo de su historia» en los próximos años.
Algunos de sus grandes accionistas también son Blackrock y Vanguard, además de River Road y Cooper Creek Partners.
Esas empresas y otras más pequeñas se reparten el manejo de las prisiones y centros de detención para migrantes indocumentados, logrando contratos financiados con fondos públicos a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia gubernamental dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Como organismo encargado de las deportaciones, ICE requiere ahora que los centros de detención tengan la capacidad suficiente para recibir a un número cada vez mayor de detenidos.
De ahí viene la urgencia del gobierno por firmar nuevos contratos que le permitan reabrir o construir nuevas instalaciones.
Desde que Trump ganó las elecciones en noviembre, GEO Group vio cómo el valor de sus acciones se disparó cerca de un 90% y CoreCivic alrededor de un 50%.
Los acuerdos entre la administración Trump y estas empresas para ampliar la capacidad de las instalaciones existentes están avanzando.
Geo Group y el gobierno anunciaron en febrero la reapertura de Delaney Hall, un centro de detención de Nueva Jersey, tras la firma de un contrato de 15 años con un valor de $1,000 millones.
Ubicado cerca de un aeropuerto internacional, este centro de detención será «el primero en abrir bajo la nueva administración», dijo hace unas semanas Caleb Vitello, director interino de ICE.
Geo Group espera que el contrato genere más de US$60 millones en ingresos durante el primer año completo de operaciones del centro, una instalación que cumplió la misma función entre el 2011 y el 2017, época en que era propiedad de Community Education Centers, una empresa privada que GEO Group adquirió en el 2017.
Organizaciones comunitarias han protestado en contra la reapertura de la instalación y Ras Baraka, alcalde de Newark, localidad en la que está emplazado el centro de detención, declaró que este “no es bienvenido”.