Ha puesto a disposición del país su Escuela Interamericana de Diálogo Social, Tripartismo y Resolución de Conflictos avalada por la OIT
En medio del creciente clima de tensión social por la crisis generada en torno a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS) y otros temas, la Universidad de Panamá (UP), a través del rector Eduardo Flores, se ofreció como mediadora en busca de soluciones dialogadas.
Durante una entrevista concedida a los periodistas Álvaro Alvarado y Rolando Rodríguez, el rector reveló que la institución ha puesto a disposición del país su Escuela Interamericana de Diálogo Social, Tripartismo y Resolución de Conflictos, avalada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De igual forma ha puesto a disposición todas las instalaciones del campus central y los centros regionales, para facilitar procesos de diálogo entre los distintos sectores involucrados.
“Hasta ahora no hemos recibido respuesta del Gobierno, aunque varios sectores sociales y sindicales han mostrado interés en nuestra propuesta”, dijo Flores.
Consultado sobre las manifestaciones sociales y el derecho a protestar, Flores afirmó que no se puede censurar la protesta, aunque sí se deben buscar métodos más eficaces y pacíficos para transmitir los mensajes.
“No hay garantías de que los estudiantes universitarios no protesten, pero estamos conversando para evitar encapuchados y actos violentos. Queremos que si protestan, lo hagan de manera cívica, como corresponde a los universitarios”, señaló.
En cuanto a la reforma de la CSS, Flores manifestó su preocupación por la aprobación de la Ley 462 y lamentó que las observaciones técnicas presentadas por la Universidad de Panamá no hayan sido tomadas en cuenta durante el proceso legislativo.
“Es fundamental revisar los artículos más controvertidos de esta ley mediante mesas técnicas especializadas”, afirmó, dejando claro el apoyo de la institución al sistema solidario de pensiones.
Sobre el tema minero, el rector hizo un llamado a la realización de estudios independientes que evalúen los impactos ambientales de los contratos mineros y las decisiones sobre los recursos naturales del país.
Con este pronunciamiento, la UP reafirma su papel no solo como centro académico, sino como una institución comprometida con la defensa del interés público, la democracia, y el diálogo social como herramientas clave para superar las crisis que enfrenta el país.