El país definitivamente ha visto un Contralor General de la República sumamente activo, diferente, muy locuaz. Encantado cuando le ponen enfrente un micrófono. Comparado con su antecesor, Gerardo Solís, que solo salía en público para ensalzar el trabajo que hacía, el nuevo inquilino de la Contraloría ha roto esquemas en cuanto a las investigaciones que ha hecho, algunas de las cuales algo exageradas por las declaraciones iniciales dadas para anunciar lo que está haciendo.
Ese fue el caso de lo denunciado contra Panamá Ports (PPC) el pasado 20 de enero (día de la ascensión al poder de Donald Trump) cuando, sin haber siquiera pisado las instalaciones de la empresa portuaria, concluyó que “no habían pagado un centavo en los últimos tres años”, desmintiéndolo la empresa con copia de los cheques que mostraban todo lo contrario. Después del parón recibido, guardo silencio.
Luego, el 9 de abril pasado (día de la llegada a Panamá del Secretario de Defensa Hegseth) llegó a decir que PPC adeudaba $1300 millones de dólares, sin siquiera notificar al denunciado de sus hallazgos, en cierta forma convirtiéndose en juez y parte de lo que sus auditores investigaron. Nadie hasta el momento ha sabido más nada del publicitado anuncio que generó toda clase de titulares.
Igual ha pasado con la Asamblea Nacional, donde con bombos y platillos irrumpió allí con 30 o 40 auditores, llegándole a decir a su presidenta “batallonera” y que la Asamblea olía a “grajo”, insultando a la diputada Grace Hernández a quien tildó de “santita” porque cuestionó el método circense como la Contraloría llegó a la investigar a los diputados. La diputada de MOCA lo exhibió sacándole en la pantalla de la Asamblea Nacional fotos de cuando él aspiró a la presidencia por el PRD.
Al igual que todos los panameños, pienso que PPC, como cualquier deudor del Estado, debe pagar lo que debe si se demuestra que no lo ha hecho. Por igual, soy de opinión que el país no puede seguir gastando 200 millones de dólares en un órgano del Estado como la Asamblea, que al año funcionaría con solo $30 o $35 millones. Eso es bochornoso.
Como buen ciudadano que trato de investigar a los funcionarios públicos y dado el carácter público como le ha gustado actuar al contralor actual, le dirigí nota el pasado 21 de mayo donde le pregunté sobre lo que la Contraloría ha investigado sobre dos funcionarios en el gobierno anterior que precisamente no se caracterizaron por atender sus atribuciones públicas con probidad y transparencia y que la ciudadanía ha reclamado con insistencia se investiguen.
Me refiero al ex Contralor Gerardo Solís y al ex vicepresidente José Gabriel Carrizo. Solís, además de ser responsable de refrendos cuestionados como los que hacía de un día para otro en los cuantiosos auxilios económicos del IFARHU, permitió la existencia de una especie de Contraloría paralela donde se gestionaban pagos atrasados y ajustes de cuentas con el Estado y donde varios se enriquecieron.
Carrizo, fue quien estuvo a cargo de todo lo relacionado a los millonarios gastos extraordinarios autorizados sin licitación alguna en ocasión de la pandemia del Covid 19, tal como la construcción del hospital modular, las millonarias vacunas, las bolsas de comida, los ventiladores, entre otros.
Muchos ciudadanos nos preguntamos por qué no se han investigado a funcionarios como Solís y Carrizo, además de otros de la pasada administración. Habiendo anunciado el presidente Mulino que su gobierno ha presentado 278 denuncias contra actos de corrupción en contra de funcionarios del gobierno anterior, todavía no se ve progreso alguno en auditorías de la Contraloría y de la misma forma anda el actuar del Ministerio Público.
Definitivamente, que el país requiere que se haga justicia. La ciudadanía está harta de que se sigan alquilando oficinas públicas en época de supuesta contención del gasto público, que se sigan manteniendo botellas en la Asamblea y en otros sitios. Por eso quiere una Contraloría independiente, al margen de la política.
Ya la Contraloría vivió las opacas gestiones de los contralores Solís y Humbert, en donde por sus aspiraciones presidenciales, dejaron de investigar enormes casos de corrupción para no pelearse con el establisment político.
El actual contralor, al igual que Solís, fue aspirante a la Presidencia de la República por el PRD. Ojalá que lo que hace no vaya en el mismo camino de sus antecesores, terminando todo, tal como empezó, con puro tilín tilín y nada de paleta