Fue tomada tras constatar lo que el gobierno describió como una ruptura del orden público
El Consejo de Gabinete Extraordinario del gobierno nacional anunció este viernes en conferencia de prensa, la declaratoria de estado de urgencia en toda la provincia de Bocas del Toro, como respuesta a los graves disturbios registrados en los últimos días, incluyendo actos de vandalismo, terrorismo urbano y ataques contra instalaciones públicas y privadas.
La medida, que estará vigente por cinco días, fue tomada tras constatar lo que el gobierno describió como una ruptura del orden público y un peligro para los derechos fundamentales de la mayoría de los panameños en esa región del país.
Como parte del estado de urgencia, se suspenden temporalmente los efectos de varios artículos de la Constitución Política de la República de Panamá, entre ellos los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37 y 38, que incluyen derechos como la libertad de tránsito, inviolabilidad del domicilio y libertad de reunión.
Esta suspensión, señalaron las autoridades, se ampara en lo estipulado por la propia Carta Magna para situaciones de emergencia que amenacen el orden y la seguridad pública.
El gobierno detalló que, pese a los acuerdos alcanzados con representantes sindicales del sector bananero, y la aprobación de la Ley 471 de 2025, que garantiza los derechos pensionales de los trabajadores, no se cumplió con el compromiso de reabrir las vías bloqueadas, lo que derivó en una creciente ola de violencia.
Entre los incidentes más graves se destacan el incendio parcial del estadio Calvin Byron, el vandalismo y saqueo de instalaciones privadas, incluidas oficinas de la empresa Chiquita Panamá, la toma y destrucción parcial del Aeropuerto Capitán Manuel Niño, incluyendo el robo de vehículos de alquiler y equipos de oficina.
“Estos hechos son inaceptables y no representan una protesta legítima”, expresó el vocero del Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, añadiendo que el gobierno ha actuado con paciencia y mesura, agotando el diálogo durante más de tres semanas.
Tras agotar los esfuerzos de concertación, el gobierno solicitó el apoyo de la Iglesia y presentó el proyecto solicitado por los trabajadores ante la Asamblea Nacional, que fue aprobado como ley.
Sin embargo, las vías permanecieron bloqueadas, lo que llevó al despliegue de más de 1,500 unidades de seguridad que, según el Ejecutivo, actuaron sin armas letales y priorizando los derechos humanos.
Durante el anuncio, autoridades aclararon que esta medida implica que todo el mundo tiene que atender al orden constitucional y al mandato de restablecer la paz.
El gobierno reiteró su llamado a la unidad nacional y a evitar la manipulación de la legítima protesta social por parte de grupos radicales y delictivos, las autoridades señalaron que una vez restablecido el orden, las garantías suspendidas serán restituidas de inmediato.