Establece que el precio exhibido en los puntos de venta debe ser el mismo que aparece en la factura
A partir del próximo año, todos los comercios en Panamá estarán obligados a exhibir el precio final de sus productos y servicios, es decir, el costo total que pagará el consumidor, incluyendo impuestos y tasas nacionales, en estanterías, etiquetas y menús, de acuerdo con información del diario La Estrella.
Esta nueva normativa la establece la Ley 473, publicada el jueves 19 de junio del 2025 en la Gaceta Oficial, que modifica la Ley 45 de 2007, sobre protección al consumidor y defensa de la competencia.
La normativa busca garantizar mayor transparencia en los precios y combatir la evasión fiscal, especialmente del ITBMS, que según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) representa más de $1,000 millones anuales en pérdidas.
El diputado Augusto Palacios, proponente de la iniciativa, explicó que la ley establece que el precio exhibido en los puntos de venta debe ser el mismo que aparece en la factura y el que efectivamente paga el consumidor.
“La idea es que cuando usted vaya a un establecimiento, ya el precio que esté en la estantería, es decir, en el etiquetado, sea el precio final”, destacó Palacios.
“Lo que logramos con esta nueva ley de la República es que todos los bienes y servicios que adquiera el consumidor incluyan ya sus cargos correspondientes a impuestos y tasas nacionales”, agregó.
Según el diputado, la medida no implicará cambios en los sistemas de facturación de los comercios, el ajuste será principalmente informativo, los comerciantes deberán garantizar que los precios mostrados al público reflejen el monto total a pagar.
“No va a tener que incurrirse en un cambio de sistema. Es únicamente esa docencia hacia el consumidor y hacia el comercio como tal”, aseguró Palacios.
También hizo un llamado a que la implementación se acompañe de campañas educativas para evitar confusiones entre comerciantes y clientes.
La ley establece un plazo de cuatro meses para que el Órgano Ejecutivo emita su reglamentación, además, incluye un período de un año, por lo que su aplicación obligatoria comenzará a mediados de 2026.
Además de fortalecer la confianza del consumidor nacional y extranjero, la medida también apunta a facilitar el comercio en un país altamente dependiente del sector servicios.
“Muchas personas extranjeras vienen a nuestro país a adquirir bienes y servicios. Queremos que haya una transparencia total: que cuando un cliente vea un precio en un menú o una etiqueta, ya sepa que es el monto exacto que va a pagar, sin sorpresas ni cargos adicionales”, recalcó el diputado Palacios.