Uno de los principales corredores para el regreso de migrantes comienza en La Miel, Panamá
En medio de una histórica crisis de desplazamiento forzado que ha afectado a más de 11 millones de personas en Colombia, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el creciente fenómeno de migración inversa, es decir, el retorno de miles de migrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, que tras fracasar en su intento de llegar a Estados Unidos, regresan al país por rutas marcadas por la violencia, el abandono estatal y la falta de atención humanitaria.
“Estamos viendo un aumento de lo que llamamos migración inversa, personas que tras intentar llegar al norte del continente ahora regresan sin garantías, muchas veces víctimas de violencia, trata o naufragios”, alertó Iris Marín, defensora del Pueblo, en declaraciones a la agencia EFE.
Uno de los principales corredores para el regreso de migrantes comienza en La Miel (Panamá) y concluye en Capurganá (Chocó, Colombia), después de cruzar el Darién.
Desde allí, los migrantes embarcan hacia Necoclí (Antioquia), buscando transporte hacia ciudades del interior colombiano.
Según Migración Colombia, entre enero y mayo del 2025 se ha registrado el reingreso de 10,246 personas, un promedio de más de 80 migrantes al día que vuelven a Colombia tras no haber logrado llegar a Estados Unidos.
Otras rutas de retorno, como las que atraviesan Bahía Solano y Juradó, en la costa pacífica chocoana, también están siendo utilizadas por migrantes sin presencia estatal ni infraestructura básica para su atención.
La situación se agrava con el reciente cierre de la oficina del ACNUR en Apartadó (Antioquia), confirmada por la propia agencia de la ONU por razones presupuestarias. Esta sede, activa desde 1998, fue clave en la atención de migrantes que cruzan o retornan desde la frontera con Panamá.
Solo en el 2024, más de 8,000 personas fueron atendidas por esta oficina. Su clausura representa un duro golpe para la capacidad institucional de respuesta en una de las zonas más críticas del país.
Entre enero y febrero de este año, la Defensoría registró el retorno por mar desde Panamá de más de 1,800 personas, muchas de ellas niños, niñas y mujeres venezolanas expuestas a múltiples formas de vulnerabilidad.
La Defensoría del Pueblo concluyó su llamado exigiendo al Estado colombiano reafirmar su compromiso con los derechos humanos, el principio de refugio y la protección efectiva de los retornados y migrantes en situación de vulnerabilidad.
“Colombia necesita fortalecer sus mecanismos de protección y asistencia. No podemos permitir que la desatención institucional prolongue el sufrimiento de quienes ya han sido desplazados o devueltos por la fuerza del conflicto o la desesperanza”, puntualizó Marín.