Advirtió que el restablecimiento del orden público no puede lograrse a costa de los derechos fundamentales
El Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), manifestó su profunda preocupación por los recientes hechos de violencia ocurridos en la provincia de Bocas del Toro el pasado 19 de junio, así como por las medidas adoptadas por el Órgano Ejecutivo al amparo del artículo 55 de la Constitución, que debilitan los compromisos internacionales del Estado panameño y afectan gravemente el Estado de Derecho.
En un comunicado firmado por su presidente, Raúl Rodríguez, el MAG condenó los actos vandálicos y de violencia, pero advirtió que el restablecimiento del orden público no puede lograrse a costa de los derechos fundamentales ni mediante el quebrantamiento del orden constitucional.
El gremio jurídico cuestionó especialmente la declaración de estado de urgencia y la suspensión de servicios como internet, telefonía y garantías judiciales, subrayando que tales medidas deben observar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y control judicial.
Uno de los puntos más sensibles del pronunciamiento es la denuncia del traslado de personas imputadas desde zonas con garantías suspendidas hacia jurisdicciones donde estas se mantienen vigentes, lo que, según el MAG, pone en entredicho el respeto al debido proceso y al principio del juez natural, consagrado en el artículo 32 de la Constitución Nacional.
“El traslado podría interpretarse como un intento de recomposición procesal, pero también puede encubrir vicios de origen en las detenciones practicadas bajo condiciones de excepción”, advierte el documento.
Asimismo, el MAG condenó la restricción al derecho de defensa y asistencia legal desde el momento de la aprehensión, señalando que estas acciones violan no solo normas constitucionales nacionales, como los artículos 22, 23, 32, 37, 43 y 44.
Según el gremio también viola tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional, como: La Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 7, 8 y 13). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 9, 14 y 19) y La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 9, 10 y 19).
“El Estado panameño no puede invocar situaciones de emergencia como excusa para debilitar el marco constitucional y convencional que lo obliga”, subraya el comunicado.
El MAG hizo un enérgico llamado al gobierno nacional a cesar las prácticas incompatibles con los derechos humanos, restaurar el diálogo social y garantizar un retorno inmediato al cauce institucional.
Finalmente, instó a todas las instituciones del Estado, en especial al Órgano Judicial, a ejercer sus funciones con independencia, rigor constitucional y apego estricto a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.