La norma, aprobada en 2020, ha puesto en jaque la libertad expresión en la región asiática
Hong Kong, antaño faro de valores democráticos en Asia, enfrenta una transformación radical desde la imposición por parte de China de la Ley de Seguridad Nacional en el 2020, informó el diario La Razón.
Esa medida, marcada por disposiciones ambiguas y un amplio poder coercitivo, defiende la soberanía estatal, pero la represión de la disidencia y la presión sobre la sociedad civil reflejan un conflicto global, donde la libertad de expresión pende de un hilo.
El 30 de junio del 2020 la controvertida legislación irrumpió como un mazazo tras las masivas protestas prodemocráticas que sacudieron la ciudad. Esa normativa, que castiga con dureza la secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras, transformó la ciudad semiautónoma en un terreno donde la disidencia es un delito y ciertas libertades, son un lujo en extinción.
Más de 300 personas han sido arrestadas bajo su amparo, con decenas de activistas, legisladores y periodistas enfrentando condenas que, en muchos casos, penalizan incluso expresiones de opinión.
La reciente aprobación del Artículo 23 de la Ley Fundamental, ha agravado ese escenario, añadiendo delitos como traición, insurrección y espionaje a un arsenal legal que asfixia cualquier atisbo de oposición. La última vez que se intentó aplicar el artículo 23 en el 2003, alrededor de medio millón de personas salieron a las calles en oposición a esa iniciativa y en defensa de los valores democráticos.
El impacto actual se traduce en que la prensa independiente, antaño vibrante, yace en ruinas. El cierre de diarios emblemáticos y el encarcelamiento de figuras como el magnate Jimmy Lai, confinado en aislamiento y enfrentando una posible cadena perpetua en medio de un largo proceso judicial, son prueba de un cerco que no perdona.
Las normas ambiguas sobre críticas políticas han fomentado la autocensura periodística, y el temor a represalias legales inhibe el reporte de temas sensibles.
Las conmemoraciones de eventos históricos, como la controvertida vigilia por la masacre de Tiananmen, han sido vetadas, y activistas como Joshua Wong languidecen tras las rejas. Incluso actos tan anodinos como celebrar el 4 de julio han sido señalados como potenciales violaciones de la seguridad nacional, con escuelas denunciando que están siendo intimidadas para evitar cualquier “desliz” que pueda interpretarse como desafío al régimen.
En un fallo que marcó un hito en la historia reciente de la región, un tribunal condenó en el año pasado a 45 exlegisladores y activistas prodemocracia a penas de entre cuatro y 10 años de prisión por el delito de “conspiración para cometer subversión”.
Ese proceso, el más grande bajo la controvertida normativa, se originó por la participación de los acusados en unas elecciones primarias no oficiales celebradas en julio de ese mismo año, previas a los comicios legislativos que finalmente fueron pospuestos. El caso, conocido como el de los “47 de Hong Kong”, generó críticas e intensificó el debate sobre la erosión de los derechos en el territorio.
Asimismo, la represión cultural ha silenciado expresiones en cine, música, arte y educación, transformando su identidad.
En las aulas, la “educación patriótica” reformula currículos para glorificar a Pekín, mientras cámaras y reconocimiento facial vigilan estudiantes y profesores. Esta embestida, denunciada por organizaciones de derechos humanos, busca alinear Hong Kong con la narrativa del Partido Comunista Chino, erosionando su legado cultural.
El gobierno local defiende las medidas impuestas como un escudo necesario para proteger la estabilidad.
Las autoridades han tejido una red de control que abarca desde la educación, con exámenes en los centros educativos obligatorios sobre la Ley Básica, las bibliotecas o los medios, saturados de propaganda patriótica.
Sin embargo, este blindaje tiene un costo: La autonomía prometida hasta 2047 se desvanece, y Hong Kong, otrora faro de libertades en Asia, se desliza hacia un modelo de gobernanza indistinguible de los que los críticos apuntan como “autoritarismo continental”.