Esta conducta pone en riesgo la seguridad jurídica
La Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA) expresó su respaldo al ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, por su defensa del marco legal que regula la importación de productos agropecuarios sensibles como el arroz, la cebolla y la papa.
En un comunicado institucional fechado el 30 de junio, firmado por su presidente, Lorenzo Jiménez, la ACPTA recordó que estos productos están protegidos por condiciones especiales desde el ingreso de Panamá a la Organización Mundial del Comercio (OMC), bajo el Acuerdo de Marrakech, lo que exige que todas las importaciones se realicen bajo el esquema legal de licencias y contingentes arancelarios.
El gremio manifestó su preocupación por lo que califican como una reiterada ignorancia del marco legal por parte de actores que tienen la responsabilidad de hacerlo cumplir, en sus palabras, esta conducta pone en riesgo la seguridad jurídica, la producción nacional y los derechos del consumidor.
Aunque el documento evita mencionar nombres, sí advierte que actuar fuera de la ley puede acarrear consecuencias legales. “No estamos en contra del comercio, pero sí en contra de un comercio sin reglas, que aplasta al productor y engaña al consumidor”, indicó la ACPTA.
El comunicado se publica en un contexto de creciente tensión entre productores e importadores, y en una reciente audiencia ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional, Erick Fidel Santamaría Caballero, Coordinador de Cadenas Agroalimentarias del MIDA, defendió la entrada de cebolla importada desde el Reino de los Países Bajos, pese a antecedentes de plagas cuarentenarias como erwinia y nematodos del tallo.
Santamaría también sostuvo que no se pueden poner topes a los volúmenes de importación dentro de las agrocadenas, afirmación que ha sido refutada por expertos en la materia, quienes recuerdan que la Ley 49 faculta expresamente a las cadenas agroalimentarias para regular volúmenes de importación según la oferta y demanda nacional.
El funcionario ya había sido cuestionado anteriormente por su silencio durante la crisis generada en el 2024 por la supuesta escasez de carne de cerdo, una narrativa promovida por sectores importadores y posteriormente desmentida con datos por la Asociación Nacional de Porcicultores (ANAPOR).
Más recientemente, su rol en la controvertida importación de más de un millón de quintales de arroz sin aprobación de la Cadena Agroalimentaria generó malestar en los gremios de productores, quienes denuncian falta de transparencia institucional y violaciones al marco legal vigente.
“Sumando cebolla, cerdo y arroz: cero y van tres”, señala con tono crítico el comunicado, en clara alusión al desempeño del funcionario.
No obstante, aclaran que el pronunciamiento no constituye una acusación personal, sino una síntesis de hechos públicos y verificables que afectan directamente los intereses del agro panameño.
La ACPTA recalca en su declaración reiterando que el respeto a la ley, a los reglamentos técnicos y a la sanidad vegetal no se negocia, y pide que los funcionarios estén al servicio del productor, del consumidor y del país.
“Panamá necesita autoridades comprometidas con la soberanía agroalimentaria, no con las importaciones sin control ni con presiones extranjeras”, concluye el comunicado.