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Fundación denuncia graves abusos en comunidades indígenas

Fundación denuncia graves abusos en comunidades indígenas
Indígenas Ngäbe Buglé.

Acusa de represión violenta, omisión institucional y complicidad en “masacres” contra poblaciones vulnerables

La Fundación Cruzada Nacional contra la Corrupción y la Desigualdad por Panamá, a través de su presidente y fundador, Domingo Barrios, emitió un comunicado urgente anunciando la culminación de la “Operación Humanitaria Madre Patria”, una acción ciudadana de emergencia que se desplegó desde Darién hasta Bocas del Toro.

Según Barrios, la operación movilizó a representantes de comunidades indígenas, organizaciones religiosas, ONGs, trabajadores sociales, psicólogos, abogados y otros profesionales, quienes se trasladaron por vía aérea y terrestre para asistir a familias presuntamente afectadas por operativos de seguridad estatal.

El comunicado denuncia severamente al gobierno nacional, al presidente José Raúl Mulino, su gabinete, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y la Defensoría del Pueblo, a quienes acusa de represión violenta, omisión institucional y complicidad en “masacres” contra poblaciones vulnerables, en particular comunidades indígenas.

Entre las acusaciones más graves, la Fundación denuncia el supuesto homicidio de una menor de 20 meses, Michell Beker, en la comunidad de Pueblo Nuevo, hecho que —según afirman— fue presenciado por familiares, autoridades comarcales y miembros del Congreso General de la comarca Ngäbe Buglé.

También señalan que han documentado otros casos similares en la comarca Emberá-Wounaan.

Barrios aseguró que las pruebas, incluidas fotografías y testimonios notariales, ya han sido entregadas a abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto locales como internacionales. Asimismo, exigió la “destitución inmediata y prisión preventiva” de los funcionarios responsables.

“La única vía de sanación y perdón es la justicia”, afirma el comunicado, que también hace un llamado a la entrega voluntaria de los presuntos responsables ante el Ministerio Público o la Asamblea Nacional para enfrentar el debido proceso.

La Defensoría del Pueblo y el Órgano Ejecutivo no se han pronunciado sobre las acusaciones contenidas en el documento. Mientras tanto, la tensión social en el país continúa en aumento ante las múltiples denuncias de abusos durante los operativos de seguridad en las últimas semanas.

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