En tanto, la Defensoría interpuso una denuncia penal por torturas y delitos contra los derechos humanos en Bocas del Toro
Mientras la Defensoría del Pueblo presentó este jueves una denuncia penal en el Ministerio Público por presuntas violaciones a los derechos humanos de protestantes en Bocas del Toro, el abogado Jorge Guzmán presentó una denuncia administrativa ante la Asamblea Nacional (AN) contra el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, solicitando su destitución.
De acuerdo al abogado Guzmán, Leblanc debe ser separado de su cargo “por las reiteradas omisiones graves en el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales, inherentes a su cargo”.
Considera que el Defensor ha incumplido de forma reiterada y grave las funciones que le son propias, en perjuicio de la ciudadanía en general, y particularmente de sectores sociales que, en ejercicio legítimo de los derechos constitucionales de protesta, manifestación, reunión y libre expresión, han sido objeto de graves violaciones de derechos humanos por parte del Estado, en especial por el Ministerio de Seguridad Pública y miembros de la Fuerza Pública, específicamente en sectores como Arimae en Darién, y en Bocas del Toro.
Entre los actos represivos ejecutados contra la población civil, señala persecuciones, detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza, empleo de armas de fuego contra civiles, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, lesiones e incluso presuntos asesinatos, “sin que el Defensor del Pueblo haya cumplido con su obligación constitucional y legal de actuar oportunamente en defensa de los derechos humanos de las personas afectadas”.
La denuncia sostiene que “a pesar de la gravedad de los hechos, el Defensor del Pueblo, omitió actuar de manera oportuna y eficaz en el ejercicio de las funciones constitucionales y legales que le corresponden. “Su actuación se limitó a emitir comunicados ambiguos que, lejos de defender los derechos de la población afectada, contribuyeron a estigmatizar la protesta y minimizar la represión”.
En tanto, en la mañana de este jueves, Iliana Ruiloba, directora nacional de Asesoría Jurídica de la Defensoría del Pueblo, interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación (PGN), por la comisión de presuntos delitos suscitados en Bocas del Toro.
Señala que las graves faltas fueron detectadas por investigaciones realizadas por las oficinas regionales de esa institución nacional de derechos humanos y el Mecanismo de Prevención de la Tortura.
Además, el Defensor Orillac convocó a conferencia de prensa, en la que expuso un “Informe Preliminar de la Situación de Derechos Humanos en los actos de Violencia y Estados de Urgencia en Bocas del Toro”, en el que detalló que se detectaron al menos 104 personas que revelaron abusos como detención arbitraria (92 personas), exceso de la fuerza, golpes, esposamiento prolongado, aplicaciones de gas, tratos crueles e inhumanos (99 personas) y coacción para obtener confesiones (26), razones por las cuales la institución interpuso la denuncia penal en el Ministerio Público contra los que resulten responsables.