El Supremo convoca al gobierno y al Congreso para acercar posturas sobre el alza de impuestos
La Corte Suprema de Brasil decidió intervenir en la creciente disputa entre el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y el Congreso Nacional, al convocar una audiencia de conciliación para el próximo 15 de julio con el fin de intentar un acuerdo sobre un polémico aumento de impuestos, informó la agencia EFE.
El magistrado Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF), suspendió de manera cautelar tanto el decreto del Ejecutivo que aumentaba un tributo sobre operaciones financieras, como la posterior decisión del Congreso de anularlo, en lo que calificó como un conflicto indeseable entre poderes.
El decreto presidencial, firmado en junio, buscaba recaudar cerca unos $2,200 millones mediante el aumento del impuesto sobre operaciones de cambio de moneda extranjera y créditos del sector privado, como parte de una estrategia del Ministerio de Hacienda para equilibrar las cuentas públicas.
Sin embargo, el Congreso, dominado por una mayoría conservadora, reaccionó con rapidez y aprobó un decreto legislativo que anulaba la medida, alegando que excedía las competencias del Ejecutivo.
La decisión tomó por sorpresa al presidente Lula, quien ordenó a la Abogacía General del Estado presentar un recurso ante el Supremo Tribunal Federal.
“La actual tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo es contraria al principio de armonía entre los poderes previsto en la Constitución”, afirmó el magistrado De Moraes.
La controversia por el aumento impositivo ha destapado profundas diferencias entre el Planalto y el Parlamento, en un contexto de creciente tensión política, desde su regreso al poder en enero del 2023, Lula ha enfrentado dificultades para consolidar una base parlamentaria estable, lo que ha limitado su margen de maniobra para avanzar con su agenda económica.
El conflicto también se produce a menos de año y medio de las elecciones presidenciales y legislativas del 2026, lo que añade un componente político clave, tanto gobierno como oposición miden cada paso con miras a la carrera electoral.
La audiencia del 15 de julio reunirá a representantes del Ejecutivo, del Senado y de la Cámara de Diputados, tras ese encuentro, De Moraes decidirá si mantiene o levanta las suspensiones cautelares que frenan tanto el aumento como su anulación legislativa.
Mientras tanto, el mercado y los analistas económicos observan con atención el desarrollo del caso, ya que el impasse podría afectar la credibilidad fiscal del Gobierno y el cumplimiento de sus metas presupuestarias para el segundo semestre del año.