Los trabajadores sociales también denunciaron la destitución de Zobeida Robles
La Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá (ATSOP) denunció ante la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, las graves condiciones laborales que enfrenta el personal técnico en la Dirección General del Sistema Penitenciario, situación que consideran insostenible y que, aseguran, cobró la vida de una de sus colegas.
En una carta enviada el pasado 14 de julio, el gremio detalló el caso de Carmen Castillo, trabajadora social que colapsó en su puesto de trabajo dentro de un centro penitenciario mientras cumplía funciones pese a tener un estado de salud comprometido.
La funcionaria fue hospitalizada en cuidados intensivos y, tras varios días con soporte vital, lamentablemente falleció.
“Este lamentable episodio evidencia con crudeza el alto grado de desgaste físico y mental al que están siendo sometidos nuestros profesionales, sin mecanismos institucionales eficaces que protejan su salud ni condiciones mínimas para un ejercicio seguro y digno”, expresó la ATSOP en el documento.
La Asociación también denunció la reciente destitución de la trabajadora social Zobeida Robles, bajo la figura de libre nombramiento y remoción, acción que califican como improcedente y contraria a la Ley 16 del 2009 y la Ley 408 del 2023, las cuales regulan y protegen la estabilidad laboral en esta profesión.
El gremio describió un panorama crítico dentro del sistema penitenciario como la sobrecarga laboral, suspensión de vacaciones, exceso de población reclusa, falta de insumos básicos, jornadas extendidas incluso fines de semana, traslados arbitrarios, y vulneración de derechos humanos por parte de personas privadas de libertad y otros actores.
“Advertimos que lo ocurrido con la colega Carmen Castillo no puede entenderse como un hecho aislado. Si no se toman medidas estructurales, continuaremos lamentando consecuencias más graves que pudieron haberse evitado”, señalaron.
Ante esta situación, la ATSOP solicitó formalmente algunas peticiones urgentes al Ministerio de Gobierno, entre las que se pueden mencionar, una reunión urgente con la ministra, la revisión inmediata de la destitución de Zobeida Robles, la aplicación estricta del marco legal que regula el ejercicio del Trabajo Social.
Además condiciones laborales dignas y seguras para los profesionales del área, también la implementación de protocolos institucionales para prevenir el agotamiento profesional y proteger la salud del personal.
Asimismo, hicieron un llamado a la Defensoría del Pueblo para que intervenga y vele por las condiciones estructurales del sistema penitenciario y el bienestar de quienes laboran en estos entornos de alta presión.
“Donde no hay condiciones humanas para trabajar, tampoco hay justicia posible”, concluyó el gremio.