En medio del clima de incertidumbre y tensión que vive actualmente nuestro país, se hace cada vez más evidente el estilo autoritario de una administración que ha optado por gobernar desde la imposición y el desprecio por el diálogo.
La represión política y la criminalización de la disidencia parecen ser no solo una estrategia, sino una forma de gobierno. Y lo más alarmante es que ese modelo se sustenta en el aplauso incondicional de un séquito de seguidores que elogian sin cuestionar, y de funcionarios que actúan más por obediencia ciega que por criterio propio.
Un ejemplo preocupante de esta deriva autoritaria ocurrió el pasado fin de semana, cuando la ministra de Trabajo -cuya preparación jurídica nunca ha sido evidenciada en los estrados, aunque ostente un título de abogada- decidió lanzar graves acusaciones sin sustento legal alguno contra el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS).
Acusó al sindicato de “extorsión”, “estafa” y “violencia”, y como si se tratara de un régimen absolutista, anunció de forma unilateral la disolución de la organización sindical más fuerte y organizada de Latinoamérica.
Esa acción no solo es desproporcionada e ilegal, sino profundamente ignorante. Ignora que el derecho a la sindicalización está consagrado en nuestra Constitución Nacional y respaldado por convenios internacionales ratificados por Panamá. Ignora también que perseguir a los trabajadores organizados es una violación directa de los derechos humanos. Pero quizás lo más grave: Ignora que jugar con la estabilidad social, en un país que ha luchado duramente por su democracia, es irresponsable y peligrosamente provocador.
Detrás del odio político que destila la ministra no hay más que instrucciones de su jefe en el Palacio sin Garzas, quien ha dejado claro su objetivo: “minimizar” al SUNTRACS “a su máxima expresión”.
Esa declaración no es solo una amenaza; es una muestra de desprecio por la historia de lucha social y por la libertad de asociación en Panamá. Y no sorprende que la ministra actúe así: su único mérito visible parece ser el apellido que porta, hija de un político que nunca ha podido justificar su enriquecimiento, ni ha respondido por los más de $15 millones en partidas circuitales que recibió como diputado.
Frente a este panorama, la reciente salida hacia Bolivia de Saúl Méndez Rodríguez -uno de los principales líderes del SUNTRACS- solo confirma la gravedad de la situación. Que un panameño, líder sindical, defensor de los derechos laborales, haya tenido que abandonar su tierra, su familia y su vida cotidiana por la persecución política del presidente, habla muy mal del estado actual de nuestra democracia.
Ese exilio forzado nos remite a las épocas más oscuras del autoritarismo latinoamericano, donde disentir era sinónimo de ser perseguido.
El Ministerio Público y el Órgano Judicial han sido convertidos en herramientas de venganza política. Todo aquel que levanta la voz contra el poder es investigado, procesado o silenciado. El presidente, que alguna vez pidió que no se utilizara el sistema judicial con fines políticos, hoy hace exactamente lo contrario. Se vale de tecnicismos, de influencias y de estructuras estatales para protegerse, mientras persigue a quienes le incomodan.
Pero como bien dice el refrán: “No hay mal que dure 100 años”. Llegará el momento en que quienes hoy abusan del poder deberán rendir cuentas. Y entonces, como ya ha ocurrido antes, aquellos que hoy imponen, reprimen y persiguen, pedirán clemencia. Quizás lloren, quizás aleguen inocencia. Pero será tarde. La historia no absuelve a quienes pisotean al pueblo.
Hoy, más que nunca, la sociedad panameña necesita levantar la voz. No solo por SUNTRACS, ni solo por Saúl Méndez, sino por el derecho de todos a disentir, a organizarse, y a vivir en una democracia real, no en una farsa autoritaria disfrazada de legalidad.