Los gremios sindicales buscan unidad nacional y solicitan que la Asamblea sea mediadora
La organización Alianza Pueblo Unido por la Vida, que aglutina diversos gremios sindicales en el país, convocó a una concentración para el próximo martes en los predios de la Asamblea Nacional (AN).
Tras una conferencia de prensa y a través de un comunicado oficial, la alianza solicitó unir fuerzas y voces para la libertad, la justicia y la democracia.
Los gremialistas solicitan a la AN para que “cumpla con su rol de equilibrio político y permita que nuestra sociedad encuentre los caminos del diálogo y la construcción de una paz duradera, con justicia social, equidad y solidaridad, necesarias para fortalecer nuestro Estado de Derecho y Democrático”.
La alianza manifestó su solidaridad con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), los gremios docentes, los sindicatos bananeros y los pueblos originarios, asegurando que continúan bajo la persecución del gobierno nacional.
Consideran que “la persecución del gobierno continúa debido a su lucha por la dignidad del pueblo panameño y una firme posición contra las injusticias sociales”, destacando su oposición al proyecto de Río Indio y a la nueva ley de la Caja de Seguro Social (CSS), entre otros.
Sostiene que el SUNTRACS enfrenta uno de los ataques más violentos y directos de toda su historia. “La persecución judicial de sus dirigentes encarcelados, exiliados, con prisión domiciliaria y con más de 120 procesos judiciales, es, sin lugar a duda, la máxima cruzada del órgano judicial contra luchadores sociales”.
Según la alianza, “ni durante los periodos más violentos de la dictadura la persecución judicial escaló hasta los niveles de hoy”.
Agregó que 267 docentes continúan sin volver a las aulas, a pesar de que aseguran que los procesos que se llevan en su contra, carecen de todo fundamento legal y los recursos presentados son rechazados de manera generalizada e ilegal. “El año escolar se ha reducido abruptamente sin permitir la recuperación del tiempo y contenido”, dice el comunicado.
Además, señala que más de 7,000 trabajadores bananeros continúan sin retornar a sus labores, mientras que la empresa Chiquita busca mayores ventajas en su contrato con el Estado. “Los trabajadores son despedidos sin garantizar el pago íntegro de sus prestaciones”, dice el gremio. Argumentan que oficialmente la empresa no se ha declarado en quiebra para proceder con la liquidación de personal.