La DGCP se escuda en “buena fe” y señala limitaciones legales y técnicas para validar información sobre beneficiarios finales de contratistas del Estado
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) reconoció públicamente ante la Asamblea Nacional que no cuenta con un sistema para verificar posibles conflictos de interés en las empresas que licitan con el Estado, incluso en contratos que superan los medio millón de dólares, y según la entidad, se asume que los datos proporcionados por los oferentes se entregan “de buena fe”, informó el diario La Estrella.
Durante la presentación de su solicitud presupuestaria de $6.9 millones —un aumento de $2.5 millones con respecto al 2025—, la DGCP afirmó que los fondos adicionales se destinarían a la contratación de personal y la publicación de “datos abiertos” que faciliten la fiscalización pública.
No obstante, la declaración provocó fuertes cuestionamientos de los diputados Betserai Richards y Janine Prado, quienes señalaron contradicciones entre el discurso institucional y las restricciones actuales para acceder a información sobre los beneficiarios finales de las empresas contratistas.
La polémica surge luego de que la Estrella revelara que dicha información ahora está bajo reserva, pese a estar vinculada al uso de fondos públicos.
La solicitud formal de acceso, basada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, fue hecha por una periodista que investigaba la contratación del Hospital de Mascotas, con un precio de referencia superior a $14 millones.
Al ser consultado sobre la opacidad, el director de la DGCP, Luis Marquínez, se amparó en un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2021, que negó el acceso a información similar al abogado Publio Ricardo Cortés, alegando que se trataba de datos de “carácter comercial privado”, sin embargo, Marquínez admitió que está abierto a debatir posibles reformas legales para reforzar la transparencia.
“Coincido en que nos debemos a la transparencia, y este es el momento propicio para entablar las conversaciones”, expresó Marquínez, aunque dejó claro que por ahora no existe ningún mecanismo técnico que permita cruzar datos o alertar de conflictos de interés de forma automática.
“Por presunción, asumimos que la información se entrega de buena fe”, respondió al diputado Richards, al admitir que los funcionarios que reciben los documentos solo los leen, pero no pueden validar ni detectar vínculos indebidos por falta de herramientas.
Ante estas revelaciones, el exmagistrado Edgardo Molino Mola criticó la falta de transparencia en los procesos públicos. “Cuando se maneja dinero del Estado, la transparencia debe ser la regla y la reserva la excepción, no al revés”.
Por su parte, el abogado Cortés, afectado por el fallo que restringió esta información, señaló que ni los jueces ni la DGCP están atados de manos, ya que la decisión de la Corte no equivale a una ley y puede ser reinterpretada para priorizar el interés público.