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Propuesta de pruebas antidrogas para diputados despierta debate

Propuesta de pruebas antidrogas para diputados despierta debate
Asamblea Nacional de Diputados.

La medida, impulsada por el diputado Jorge González, generó debate por su posible inconstitucionalidad y enfoque punitivo hacia la adicción

Un anteproyecto de ley que busca establecer pruebas obligatorias de control de sustancias ilícitas para todos los diputados y sus suplentes ha desatado un intenso debate jurídico y ético en el país, informó el diario Metro Libre.

La iniciativa, presentada por el diputado Jorge González, plantea modificar el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional para incorporar controles antidoping anuales, ya sean periódicos o aleatorios, durante los periodos legislativos.

Según el texto propuesto, las pruebas serían realizadas bajo los protocolos del Ministerio de Salud, en coordinación con la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas.

En caso de incumplimiento injustificado o de un resultado positivo, se consideraría una falta grave a la ética parlamentaria, a ser atendida por la Comisión de Credenciales.

“Estamos en constante toma de decisiones que afectan al país. Es fundamental que los diputados estén en uso pleno de sus capacidades mentales”, argumentó González al sustentar su propuesta.

No obstante, la iniciativa ha recibido críticas de sectores legales y médicos. Algunos abogados advierten posibles vicios de inconstitucionalidad, señalando que la adicción es reconocida como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, por tanto, no debería tratarse con sanciones, sino con mecanismos de rehabilitación.

El pleno legislativo. Foto AN.

“El enfoque actual del proyecto es punitivo. En vez de castigar a una persona enferma, habría que integrarla a programas de tratamiento y recuperación”, indicó un jurista consultado.

También se ha cuestionado si este tipo de medidas debe quedar solo en el ámbito normativo interno de la Asamblea o si debería ser parte de una reforma constitucional más amplia, que garantice transparencia y protección de derechos.

“Más que imponerlo por reglamento, debería ser un acto de transparencia y responsabilidad por parte de cada diputado”, opinó otro analista político.

El anteproyecto será evaluado en comisiones antes de pasar al pleno legislativo. Mientras tanto, el debate promete mantenerse vigente en los próximos días.

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