Mientras la mayoría de los ciudadanos paga por transitar diariamente los corredores Norte y Sur, responsables de entidades públicas disfrutan del beneficio
Aunque miles de panameños deben asumir a diario el costo del peaje para utilizar los corredores Norte y Sur, un grupo selecto de altos funcionarios públicos se moviliza sin preocuparse por ese gasto, informó el diario La Prensa.
Directores, subdirectores y personal administrativo de diversas instituciones del Estado han sido exonerados del pago del Panapass, según contratos oficiales y reglamentos internos que aún están vigentes.
Estas exoneraciones, que aplican a las autopistas bajo la administración de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), han generado cuestionamientos en medio del actual discurso de contención del gasto público.
Mientras la ciudadanía ajusta su presupuesto para pagar cada cruce, sectores de la alta burocracia estatal gozan de privilegios que, según críticos, ya no tienen justificación.
Una resolución del Consejo de Gabinete estableció la exoneración del pago de peajes para vehículos oficiales de aproximadamente diez entidades, bajo el argumento de que estas realizan funciones urgentes o de seguridad.
Sin embargo, la medida también ha beneficiado a directores y subdirectores, cuyas labores no necesariamente implican emergencias o atención inmediata a desastres.
Ante esta situación, la diputada Alexandra Brenes, de la coalición Vamos, junto a otros miembros de su bancada, presentó una propuesta de ley que busca limitar estos beneficios únicamente a los vehículos que presten servicios operativos esenciales, como seguridad pública, emergencias médicas y atención a desastres naturales.
De aprobarse, quedarían excluidos los altos mandos administrativos, cuyos traslados actualmente están cubiertos con fondos públicos.
“El uso de los corredores debe tener un enfoque operativo, no de privilegio. Es una distorsión que se mantenga este tipo de exoneraciones mientras el resto de los ciudadanos hace sacrificios para cubrir ese costo”, expresó Brenes.
El tema ha reavivado el debate sobre el uso de recursos del Estado y los privilegios que aún persisten entre los niveles más altos de la administración pública, especialmente en momentos en que la transparencia y la equidad son demandas crecientes de la sociedad.
Por ahora, mientras no se apruebe una reforma, los vehículos de ciertos funcionarios seguirán cruzando los corredores sin pagar —pero con el respaldo de resoluciones firmadas desde el poder.