CONTRALORÍA
Dice la gente de la Apede que las disposiciones del reglamento sobre medidas precautorias de la Contraloría, que permite el secuestro de bienes, sobrepasan las atribuciones legales de esa entidad, va contra el debido proceso y genera conflictos con las competencias de la Procuraduría General. Según los empresarios, el secuestro de bienes solo puede aplicarse bajo control judicial no a través de reglamentos administrativos porque abre la puerta a decisiones arbitrarias, violenta derechos ciudadanos y las garantías constitucionales. Advierten que el país no puede dar señales de inseguridad jurídica, ni de concentraciones arbitrarias de poder, ni de uso político, sobre todo ante los esfuerzos del gobierno por captar inversiones extranjeras.
SINDICATOS
Dicen que la audiencia pública en la que participó este miércoles ante la CIJ en La Haya, la Cancillería y el Ministerio de Trabajo, permitió reiterar la posición de nuestro país con la libertad sindical y el derecho a la sindicalización, amparados por la OIT. Panamá ratificó en 1948 el Convenio 87 de la OIT referente a los derechos sindicales, cuyas interpretaciones “deben ceñirse a su tenor literal y a la intención original de los Estados Partes, evitando extender su alcance a materias que no fueron expresamente reguladas en el texto convencional”, dice una nota de la Cancillería.
GASODUCTO
Dice la gente de la ACP que están por iniciar la segunda etapa del proyecto de gasoducto valorado en $5,000 millones, que consiste en reuniones individuales –y confidenciales- con los representantes de las 23 empresas interesadas y con calificaciones para participar en la iniciativa. Eso será en la tercera semana de noviembre. Esa fase permitirá recibir información técnica de parte de las empresas, para luego sintetizar los resultados e iniciar el proceso de precalificación. Aseguran que lo que buscan es ampliar las oportunidades de negocios del Canal con un nuevo corredor energético y aprovechar el auge de demanda de gas propano, butano y etano, derivados del petróleo, que tiene alta demanda en Asia. El gasoducto de 76 kilómetros bombeará gas desde el Atlántico hacia embarcaciones en una terminal de exportación en el Pacífico, con un promedio de 2.5 millones de barriles diarios.
REVOCATORIA
Dicen que Organización Electoral autorizó el inicio este miércoles de la recolección de firmas para la revocatoria de mandato del díscolo Mayer, promovida por el ciudadano José Guardia. El plazo es de 120 días que vencen el 4 de febrero y deberán reunirse 218,000 firmas que equivale al 30% del padrón electoral capitalino consistente en 725,000 votantes. La recolección de firmas se realizará en la sede del Tribunal Electoral y en las oficinas regionales de Panamá Este y Panamá Norte entre las 7:30 am y las 3:30 pm de lunes a viernes.
MOVILIZACIÓN
Dicen que ahora sí van a arreglar el enredo vial que vivimos todos los días, porque el gobierno y la ATTT activaron una mesa de trabajo para enfrentar el caos del tránsito en la capital y más allá. La promesa suena bien, menos tranques, más fluidez y transporte público ordenado. Con operativos en lugares claves como Paitilla, Calidonia, 5 de Mayo y la terminal de Albrook, dicen que viene más fiscalización y hasta carriles exclusivos para buses desde Panamá Oeste. Buenas intenciones sobran. Mientras tanto, los usuarios siguen esperando buses que no llegan, taxis que no cumplen y trenes que no alcanzan. Ojalá esta vez la mesa de trabajo no termine siendo solo una silla vacía más en el tráfico.
CORRUPCIÓN
Dicen que la corrupción no descansa y, para prueba, los más de $73 millones que le ha costado al Estado solo en lo que va del 2025. Operaciones como Comunidad, Retorno y Publicano revelan que el guion se repite: Fondos que debían llegar a los más vulnerables terminan engordando bolsillos ajenos, disfrazados con facturas falsas, empresas fantasmas y promesas vacías. Con 4,725 causas activas y el peculado como protagonista principal, la Fiscalía Anticorrupción tiene material de sobra, aunque al final los que pagan los platos rotos siguen siendo los de siempre, los ciudadanos.
PANDEPORTES
Dicen que en Pandeportes primero disparan el correo y luego preguntan. Tras un intento fallido de imponer un proveedor exclusivo de comidas y bebidas -como si el Estadio Rommel Fernández fuera un centro de convenciones privado-, tuvieron que recular ante el escándalo. La medida, disfrazada de “logística”, olía más a negocio que a fútbol, y no tardó en levantar la ceja de arrendatarios, medios y fanáticos. Al final, la presión hizo efecto y se canceló el cobro extra. Lo que no se canceló fue la sospecha: ¿Quién autorizó esa brillante idea? ¿Quién se iba a beneficiar? Otra vez, las decisiones se toman sin transparencia, y cuando los reflectores apuntan, salen con comunicados de último minuto que suenan más a excusa que a explicación.