Han asegurado bienes por más de $24 millones en un esfuerzo conjunto contra la impunidad fiscal
La Contraloría General de la República (CGR) y el Tribunal de Cuentas presentaron los alcances y el funcionamiento de las medidas precautorias establecidas en la Resolución 12-3126, recientemente publicada en la Gaceta Oficial, con el objetivo de fortalecer la protección del patrimonio público y combatir la impunidad en casos de manejo irregular de fondos estatales, informó el contralor Bolo Flores.
Desde la entrada en vigencia de la resolución, se han emitido más de 40 órdenes de incautación que han permitido asegurar bienes valorados en más de $24 millones, mientras que las irregularidades detectadas en los procesos auditados suman más de $57 millones.
El contralor Bolo Flores destacó que uno de los mayores retos históricos ha sido el prolongado retraso -en promedio cuatro años- entre el inicio de las investigaciones y la adopción de medidas cautelares.
“Existen condenas que superan los $70 millones, pero solo se han podido asegurar cerca de $20 millones, porque muchos bienes ya no están disponibles cuando se dictan las medidas”, explicó Bolo Flores.
Agregó que el nuevo marco normativo busca actuar con rapidez y dentro del respeto al debido proceso, garantizando una protección efectiva de los recursos públicos.
Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier del Rosario Franco, afirmó que las medidas precautorias están amparadas en la Ley 32 de 1984 y el artículo 33 de la Ley 67 del 2008, reconociéndolas dentro de los procesos fiscales.
Añadió que toda acción debe ser proporcional, fundamentada en indicios claros y sometida al control de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que puede suspenderlas si lo considera pertinente.