Expertos advierten que las proyecciones infladas de ingresos y el pago pendiente a la CSS podrían elevar aún más el endeudamiento
El déficit fiscal del gobierno central ascendió a $5,275.4 millones entre enero y septiembre del 2025, equivalente al 5,82% del Producto Interno Bruto (PIB), según el más reciente informe de Balance Fiscal, informó el diario La Estrella.
El reporte revela que, una vez más, el ahorro corriente del Estado fue negativo, esta vez por $3,158 millones, lo que refleja que el gobierno continúa financiando gastos corrientes con deuda pública. Estos gastos incluyen la planilla estatal, subsidios, intereses de deuda y transferencias a otras entidades del sector público.
Uno de los puntos más críticos del informe es la drástica reducción en la inversión pública, que entre enero y septiembre del 2025, el gobierno ejecutó $2,117.5 millones en gasto de capital, frente a $3,054.9 millones en el mismo periodo del 2024 -una diferencia de $937.4 millones menos- destinados a obras, infraestructura y proyectos de desarrollo.
La Dirección General de Ingresos (DGI) también informó una brecha significativa en la recaudación, ya que los ingresos corrientes del gobierno central fueron $1,890.7 millones inferiores a lo presupuestado, aunque se esperaba recaudar $7,626.8 millones, solo se obtuvieron $5,736.2 millones, lo que representa un 24,2% menos de lo proyectado.
Los ingresos tributarios acumulados sumaron $4,738.5 millones, muy por debajo de la meta de $7,747 millones, generando un déficit de $3,008.5 millones en esta categoría, no obstante, el informe destaca un aumento del 13,8% en comparación con el 2024, lo que sugiere una leve recuperación de la actividad económica.
De acuerdo con Rolando Gordón, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, el déficit fiscal acumulado hasta septiembre equivale al 4,56% del PIB, es decir, 0,56% por encima del límite permitido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF).
“Con un PIB nominal de $90,573 millones, el déficit excede en unos $531 millones el tope legal. El Gobierno deberá decidir si recorta gastos en los últimos meses del año o solicita a la Asamblea modificar el porcentaje permitido”, explicó.