Se le investiga por presunto peculado como exasesora de CONADES
La actual subdirectora legal del Municipio de Panamá, Edisa Batista Pineda, fue capturada por su presunta vinculación con el delito contra la administración pública, en su modalidad de diferentes formas de peculado, en perjuicio del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), informó el Ministerio Público (MP).
De acuerdo al informe, el hecho se dio cuando Batista laboraba como asesora de CONADES, entre el 2016 y el 2019, donde se descubrió un perjuicio económico para el Estado por $534,741.
La exfuncionaria fue detenida en un apartamento ubicado en Calle 50, donde la Fiscalía Anticorrupción junto y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional (PN), desarrollaron un allanamiento en búsqueda de indicios relacionados con la investigación.
El MP explica que estas acciones investigativas se desarrollan tras denuncia presentada en octubre del 2021, por representantes legales de CONADES y su Unidad Coordinadora y Ejecutora del Programa UCEP del Ministerio de Ambiente, la cual refiere el incumplimiento de un contrato para la construcción de 869 unidades sanitarias en el corregimiento de Soná, en Veraguas.
Detalla la existencia de 121 unidades sanitarias del programa Sanidad Básica, que se iniciaron, pero no fueron culminadas por el contratista, lo que implicó que se estén deteriorando.
El informe destaca que la empresa contratista incumplió con el plazo de la ejecución de esta obra, sin justificación y que la ahora capturada tenía la responsabilidad de velar por el fiel cumplimiento de este contrato.
Esta exfuncionaria será llevada ante un Juez de Garantías para la legalización de su detención, imputación de cargos y la medida cautelar correspondiente.
En tanto, la Alcaldía de Panamá emitió un comunicado aclarando que es respetuosa de las investigaciones que adelanta el MP con relación a cualquier situación que presuntamente pueda constituir un hecho punible, aunque no guarda relación con la comuna capitalina.
Agregó que respeta el principio de presunción de inocencia, debido proceso y derecho de defensa de toda persona que pudiese estar vinculada con aquellos hechos, mientras que corresponde a las autoridades competentes deslindar las responsabilidades del caso.