El país enfrenta nuevos arbitrajes ante el CIADI basados en tratados de inversión, mientras se discuten los costos administrativos en el presupuesto nacional
Panamá enfrenta dos nuevas demandas internacionales de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por un total aproximado de $329 millones, según se informó durante la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN), informó el diario La Estrella.
Se trata de los casos de FCC Construcciones, por $59 millones, y de los hermanos Juan Carlos y Ernesto Argüello, por $270 millones, ambos fundamentados en tratados internacionales de inversión y no necesariamente en contratos directos con el Estado panameño.
Durante la sesión, Margie-lys Jaime, jefa de la oficina de arbitraje de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que se trata de casos nuevos, y que el CIADI solicita por primera vez a Panamá cubrir costos administrativos asociados a estos arbitrajes, que suelen oscilar entre $150,000 y $250,000 por etapa y pueden extenderse entre cuatro y seis años.
El caso de FCC Construcciones se sustenta en el Tratado de Inversión entre España y Panamá, vinculado a proyectos ejecutados bajo el Ministerio de Obras Públicas (MOP), mientras que el arbitraje de los hermanos Argüello se basa en presuntas afectaciones causadas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) durante la administración pasada.
La situación generó inquietud entre los legisladores, ya que, en el caso de los Argüello, no existe contrato directo con el Estado.
Jaime explicó que los arbitrajes internacionales también pueden derivarse de decisiones de entidades del Órgano Ejecutivo, leyes aprobadas por la Asamblea o fallos judiciales que los inversionistas consideren que vulneran sus derechos.
Otro tema discutido fue la ausencia de restricciones legales para que empresas o personas que demandan al Estado continúen contratando con él, lo que algunas diputadas, como Janine Prado, calificaron como un vacío a revisar desde el Órgano Legislativo.
Además de estos dos nuevos casos, Panamá mantiene un arbitraje de gran envergadura iniciado en el 2020, el caso Webuild, relacionado con la ampliación del Canal, con un reclamo de $2,600 millones y sustentado en el Tratado Italia–Panamá, cuyo laudo final se espera para el 2026.
Los pagos administrativos discutidos no corresponden a indemnizaciones, sino a gastos exigidos por el CIADI, que podrían ser recuperables si el tribunal falla a favor del Estado, según indicó la funcionaria del MEF.