Determinó que ya la Autoridad de Aseo asumió la competencia y la celebración de nuevos contratos generaría una dualidad en la prestación del servicio
A través de un comunicado explicó que tras un análisis integral, técnico y jurídico, determinó que mediante la Junta Directiva Extraordinaria de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), por instrucciones del Órgano Ejecutivo, autorizó a la AAUD asumir la competencia operativa, administrativa y técnica del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en San Miguelito, a partir del 19 de enero del 2026.
En consecuencia, la Contraloría concluyó que la celebración de nuevos contratos generaría una dualidad en la prestación del servicio, toda vez que la AAUD ya había intervenido desde el 1 de enero del 2026 en los nueve corregimientos del distrito, por razones de orden sanitario, lo que hace jurídicamente inviable el refrendo de dichos contratos.
Adicionalmente, según la Contraloría, el análisis detectó incumplimientos técnicos y administrativos, entre ellos: Falta de permisos y autorizaciones obligatorias emitidas por la AAUD para la prestación del servicio; ausencia del permiso Sanitario de Operación vigente, expedido por la Dirección General de Salud Pública; inconsistencias contractuales, como la falta de claridad en la cantidad de toneladas a recolectar, el monto mensual a pagar y los plazos reales de pago, que debían ajustarse a los términos de referencia; e inclusión de pagos por excedentes de toneladas no autorizados, los cuales no cuentan con sustento legal ni presupuestario.
En materia de fiscalización, la institución señaló que además, se verificó que no existe partida presupuestaria debidamente identificada en el Presupuesto Municipal de San Miguelito para la vigencia 2026 que respalde el contrato.
Agregó que no se aportó estudio de mercado ni análisis de precios que sustente el precio de referencia del servicio, no se presentó un desglose técnico del costo por tonelada, debidamente firmado y sellado por el idóneo correspondiente.
De acuerdo a la Contraloría, su actuación responde exclusivamente a la defensa del interés público, al buen uso de los recursos del Estado y al cumplimiento estricto de la ley, garantizando que ningún contrato se refrende si no cumple con los requisitos legales, técnicos y presupuestarios exigidos.