La presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsa cambios que analistas califican como el fin del legado petrolero de Hugo Chávez
La Venezuela de la líder chavista Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras el secuestro del dictador Nicolás Maduro por Estados Unidos hace un mes, ha dado un giro histórico en su política petrolera al ceder el control estatal sobre la actividad hidrocarburífera del país, abriendo las puertas al capital privado y extranjero, informó la agencia EFE.
La medida se concretó con la aprobación unánime por parte de la Asamblea Nacional (AN) de la llamada reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, considerada por expertos como la tercera norma más importante de Venezuela, después de la Constitución y del Código Civil.
El expresidente Hugo Chávez promovió en el 2001 la ley de hidrocarburos y la reformó cinco años después para fortalecer la participación estatal y controlar la industria.
Rafael Ramírez, exministro de Petróleo entre el 2002 y el 2014 y conocido como el zar del petróleo de Chávez, advirtió que la reciente reforma sin duda revierte lo hecho por Chávez y erradica su política petrolera.
Para Ramírez, la palabra reforma es un eufemismo de derogación, y consideró que Venezuela pierde capacidad de decisión sobre producción, ventas y precios del barril, lo que constituye un retroceso tremendo en términos de soberanía.
La reforma mantiene que el Estado puede recibir hasta un 30% de regalías, pero permite reducir ese porcentaje según el proyecto.
Además, las actividades primarias ya no serán exclusivas del Estado, sino que podrán ser realizadas por empresas privadas nacionales, bajo contratos con filiales estatales. La comercialización también queda abierta a actores privados con autorización.
Según Ramírez, estos cambios contradicen el artículo 302 de la Constitución y dejan a Petróleos de Venezuela (PpelDVSA) como un cascarón vacío dedicado solo a administrar contratos.
La reforma también incorpora mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como mediación y arbitraje, otra señal de alejamiento del modelo chavista.
El economista Manuel Sutherland, de la Universidad Central de Venezuela, coincidió en que la reforma representa un retroceso en el nacionalismo petrolero estatista chavista y afirmó que responde a presiones internacionales de inversionistas que buscan garantías jurídicas mayores.
Sutherland criticó la rapidez de la aprobación, señalando que la consulta fue demasiado exprés y careció del debate amplio que requería.
Para expertos, la reforma marca un punto de inflexión en la política petrolera venezolana, evidenciando la compleja relación entre el oficialismo y la presión internacional, y la transición de un modelo de control estatal absoluto hacia una apertura con fuertes actores privados y extranjeros.