Proyecto de ley obligaría a las empresas a refacturar y resarcir a los clientes cuando no se garantice la continuidad del servicio
Las empresas que prestan servicios de internet y electricidad en Panamá tendrían que compensar a sus clientes por el tiempo en que no brinden el servicio, de aprobarse un proyecto de ley, iniciativa que busca establecer compensaciones automáticas a los consumidores, ante fallas en servicios públicos esenciales, informó el diario Metro Libre.
Según el artículo 1 de la propuesta, en caso de interrupciones o intermitencias relevantes en el acceso a internet, las compañías deberán realizar una refacturación proporcional, además, cuando el servicio supere los umbrales de continuidad permitidos, se aplicará una compensación automática en la factura, previa verificación sumaria.
El diputado proponente de la ley, Miguel Ángel Campos, defendió la propuesta señalando que actualmente los usuarios pagan por un servicio que muchas veces no reciben en su totalidad. “Pagas por un servicio, pero no recibes lo que contrataste y por años nadie te ha compensado por ello. Eso cambia con esta ley”, afirmó.
Explicó que el proyecto también obligará a las compañías a publicar todas sus fallas y las compensaciones efectuadas, como un mecanismo de transparencia. “Ya no se permitirá cobrar por completo un servicio incompleto ni dejar al consumidor desprotegido”, recalcó.
En cuanto a los mecanismos de reclamación, detalló que los consumidores tendrán plazos definidos, 10 días para casos relacionados con internet y 15 días en electricidad. “Si no te responden, la ley falla a tu favor”, sostuvo.
Desde el sector empresarial surgieron advertencias sobre el alcance de la propuesta, ya que Ilsia Lorena Cabal, directora de Regulación de Tigo Panamá, señaló que el proyecto implicaría modificar la Ley 31 de 1996, que regula el sector de telecomunicaciones.
“Se está hablando de modificar la Ley 31, que es la ley sectorial de comunicación que data del año 1996”, indicó Cabal, al tiempo que manifestó que los planteamientos realizados por la industria en la mesa de discusión no han sido acogidos.
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, diputada Ariana Coba, defendió la discusión del proyecto y subrayó la responsabilidad del Legislativo de responder a las demandas ciudadanas.
“Por respeto a la población, nosotros no podemos seguir dilatando este tipo de proyectos porque es la responsabilidad de nosotros legislar con base en las necesidades de la población. En otros países con sistemas legales no más robustos que el de Panamá nos encontramos una continuidad del servicio de extremo a extremo”, expresó Coba.