Beatriz Carles deberá responder 42 preguntas sobre presuntas irregularidades en centros bajo custodia del Estado
Con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención, el pleno de la Asamblea Nacional (AN) aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles, para que responda un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con el denominado caso albergues.
La citación fue presentada por la diputada de la coalición Vamos y presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, Alexandra Brenes, quien recientemente interpuso una denuncia por las irregularidades detectadas en el Centro de Atención Integral de Tocumee, bajo la administración de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).
La propuesta de citación fue rechazada en dos ocasiones previas y finalmente aprobada este jueves 12 de febrero tras ser nuevamente sometida a votación.
Las denuncias presentadas por la diputada Brenes están siendo investigadas por el Ministerio Público, mientras que la ministra Carles sostuvo una reunión con la directiva de la SENNIAF en medio de la controversia.
El pasado viernes 6 de febrero, Brenes acudió a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para presentar una denuncia por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos, en contra de la directora de la SENNIAF y otros servidores de la institución.
Según explicó la diputada, la denuncia se fundamenta en correos electrónicos, informes y reportes enviados previamente a las autoridades, en los que se advertía sobre supuestos casos de abuso sexual, maltrato, negligencia y otras vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado.
Entre las interrogantes que deberá responder la ministra figuran cuántos albergues existen actualmente en el país y cuántos menores residen en cada uno; cuántas irregularidades se han detectado desde julio del 2024 a la fecha y qué medidas se han adoptado; cuántas denuncias por castigos indebidos, encierros o tratos crueles se han recibido; si existen protocolos que prohíban castigos físicos o psicológicos; y cuántos funcionarios han sido separados del cargo o investigados por presuntas faltas dentro de estos centros.