Si no le metemos la mano a la educación, estaremos llamados a persistir en el subdesarrollo que vivimos, lo que nos producirá más grietas que las existentes entre los diferentes sectores de la sociedad panameña.
Con el modelo anquilosado que tenemos, estamos generando varias clases de panameños que se enfrentaran al futuro con excelentes, buenas o deficientes herramientas que los convertiría, de persistir está marcada desigualdad, actores de diferentes escenarios en el camino de sus vidas.
Debemos dejar de culpar al ministro o ministra de turno de una crisis que se ha profundizado a lo largo de nuestra historia y donde todos, educadores, padres de familia, empresarios, autoridades y políticos tenemos algo de responsabilidad. Por ello, el diagnóstico negativo que actualmente tiene la educación nacional debe tener soluciones donde todos participen.
Días atrás, nos enteramos de la existencia de una universidad privada, la Universidad Panamericana (UPAM), que operaba, me imagino que, otorgando títulos universitarios, sin que el ministerio de Educación, la entidad rectora de los “negocios” privados que deben aprobar sus planes de estudio, por doce años y nunca los habían aprobado. O sea que pasaron tres gobiernos, Varela, Cortizo y Mulino, para que el MEDUCA se percatara que dicha “universidad” no podía funcionar al carecer de un documento esencial para poder operar porque sus planes de estudios no los habían aprobados.
Durante los años (1975-2009) que laboré como docente en la Universidad de Panamá, me tocó revisar más de un plan de estudios de nuevas universidades que pretendían tener en su pensum la carrera de abogado. Desconozco si ello ha cambiado.
Se designaban tres profesores de la facultad para que individualmente calificáramos e hiciéramos observaciones al requerido plan. A cada uno se les daba un emolumento de $50 por ese trabajo y, cuando cada uno lo revisaba, firmaba el informe, sin que se discutiera entre los designados el mismo.
Después nos quejamos de la proliferación de las escuelas de Derecho que terminan siendo parte de lo que llaman “universidades de garaje”. Imagínense cómo andarán otros temas como esto de la acreditación.
Cuando el presidente Mulino ganó las elecciones anunció que su nuevo ministro de Educación provendría de la empresa privada, pensé que ese podría salir de las filas de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá. Ese gremio, durante muchos años, bajo la mano de José Ramón Icaza Clement, actual ministro de Asuntos del Canal, había trabajado en diversos temas relacionados con la educación en general. Lógico resultaba del interés empresarial de mejorar la calidad de los graduados de nuestras escuelas y universidades cuando, con mucha frecuencia, esos mismos señalan que no encuentran a trabajadores lo suficientemente preparados para asumir las necesidades que afrontan en el desarrollo de sus empresas.
Educación fue uno de los últimos cargos ministeriales en ser designados. Se supo que a varios de los que le ofrecieron el cargo, simplemente declinaron. No se encontró al empresario ideal, recurriéndose a nombrar en el cargo a quien lo había ejercido en el gobierno de Martinelli (2009-2014).
Una persona que no era empresaria ni educadora, sino periodista.
Los problemas persisten quizás por el capricho de los que no quieren cambios profundos. Echan la culpa a los docentes por su intransigencia. También a las autoridades por no promover el diálogo.
Pero se olvidan que no son los únicos actores de este drama por el que atraviesa nuestra educación. Los más afectados son los estudiantes, sobre todo de las escuelas públicas.
Las consecuencias las pagamos todos: Tenemos un país con una economía que no puede afrontar los retos de su crecimiento porque no se están produciendo profesionales y técnicos competentes.