Calama señala que puso “sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos” al servicio de terceros “interesados en obtener decisiones favorables”
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya objetivo era “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”, informaron medios de prensa españoles.
En el auto en el que el magistrado acuerda su citación como testigo el próximo 2 de junio, Calama explica que la supuesta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.
A lo largo de 85 páginas, el instructor señala que la investigación -que asumió el pasado marzo tras inhibirse un juzgado de Madrid- ha permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”.
Asimismo, ve indicios de la intervención de Manuel Aaron Fajardo y Julio Martínez Martínez como intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de su secretaria María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano, lo que según el juez “revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos”.
Para el magistrado de la Audiencia Nacional, esas influencias no se ceñían a “obtener un trato general o una expectativa indeterminada”, sino que perseguían la consecución de una resolución administrativa concreta: el rescate de la compañía aérea Plus Ultra -que se llevó a cabo en marzo del 2021 y que supuso un desembolso de $68 millones- en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia.
En su resolución, Calama detalla reuniones, contactos y comunicaciones −incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda− que según pone de relieve evidencian que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente.
Del mismo modo, la investigación apunta a la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno empresarial controlado por Julio Martínez mediante “contratos de asesoría elaborados ad hoc y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra” y de otras sociedades vinculadas. Algo que, destaca el juez, supone un indicio “relevante” que enlaza la actividad de influencia y el beneficio económico perseguido.
En cuanto al reparto de beneficios, alude a la utilización de sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind, lo que considera que demuestra la “triangulación de pagos” y la participación de administradores con funciones de testaferros, que refuerzan la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de los fondos.
En esta estructura, según el juez, Julio Martínez desempeñaría un papel relevante en distintos niveles: Como interlocutor habitual de los clientes de la red, como receptor y ejecutor de instrucciones directas de Zapatero y, también, como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes.
El auto también aborda el modus operandi para canalizar esos pagos: La transferencia de los fondos al entorno societario se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como “mera justificación documental”.
El principal beneficiario final de esos ingresos obtenidos sería el expresidente del Ejecutivo y la sociedad Whathefav SL, cuyas administradoras y socias son sus dos hijas, “recurriéndose nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar el trasvase de fondos”.
En un tercer nivel jerárquico sitúa a María Gertrudis Alcázar, secretaria de la oficina de Rodríguez Zapatero, quien se habría encargado de ejecutar directamente las órdenes impartidas por el exlíder del PSOE, y a Cristóbal Cano, a quien atribuye un rol equivalente, pero en su caso respecto a Julio Martínez, actuando como gestor diario del entorno societario controlado por el empresario, manteniendo además un contacto fluido con Alcázar.
Calama no considera casual que Plus Ultra se pusiese en contacto con Rodríguez Zapatero, pues según expone este hecho se enmarca en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, cuyo liderazgo le atribuye, “que selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura”.
Fuera de nuestras fronteras, pone de relieve, esa supuesta red de influencias también actuó, pues afirma que siguiendo instrucciones del expresidente se creó al menos una sociedad off-shore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, con un plan de negocio de $3 millones en cinco años.