Un comunicado conjunto de varios Estados occidentales denuncia el “nivel sin precedentes” de violencia de los colonos y califica los asentamientos de ilegales
Un grupo de países -entre ellos, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido- ha elevado este viernes el tono de sus advertencias a Israel por la expansión de los asentamientos en Cisjordania, en un comunicado conjunto que denuncia el deterioro de la situación en el territorio ocupado y llama a las empresas a abstenerse de participar en nuevos proyectos de construcción, bajo pena de afrontar consecuencias legales y de reputación, informaron medios de prensa internacional.
El texto, que llega en un momento de máxima tensión en la región, afirma que “en los últimos meses la situación en Cisjordania se ha deteriorado de manera significativa”. Los firmantes describen la violencia de los colonos como “sin precedentes” y advierten de que las políticas del Gobierno israelí están “socavando la estabilidad y las perspectivas para una solución de dos Estados”.
El foco de la advertencia se centra especialmente en el área E1, una franja estratégica al este de Jerusalén cuyo desarrollo urbanístico -impulsado por el régimen de Benjamin Netanyahu- conectaría los asentamientos con la ciudad y fragmentaría físicamente el territorio palestino.
“El proyecto de colonización en E1 no sería una excepción” a la ilegalidad que el derecho internacional atribuye a todos los asentamientos en Cisjordania, subraya el comunicado.
El texto también lanza un aviso directo al sector privado. Las empresas que presenten ofertas para proyectos de construcción en E1 o en otros asentamientos deben ser conscientes de las posibles consecuencias jurídicas y reputacionales, incluido “el riesgo de verse involucradas en graves violaciones del derecho internacional”, advierten los firmantes.
El aviso apunta a contratistas de construcción, firmas de ingeniería y proveedores de infraestructuras que podrían estar sopesando participar en las licitaciones.
Además de la cuestión de los asentamientos, el comunicado exige al régimen israelí que rinda cuentas por la violencia de los colonos e investigue las denuncias contra las fuerzas israelíes; que respete la custodia hachemita sobre los Santos Lugares de Jerusalén y los acuerdos históricos sobre el estatus quo; y que levante las restricciones financieras sobre la Autoridad Palestina.
Los firmantes también se declaran contrarios a quienes defienden la anexión o el desplazamiento forzoso de la población palestina, una referencia a los ministros de extrema derecha del régimen israelí, que han abogado abiertamente por la recolonización de Gaza y partes de Cisjordania.
El comunicado concluye con una reafirmación del compromiso con una solución negociada de dos Estados “en consonancia con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU”, en la que Israel y Palestina convivan en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas. Una fórmula que lleva décadas sobre la mesa diplomática y que, ante la ofensiva israelí en Gaza y la expansión acelerada de los asentamientos, parece más lejana que nunca.