La Comisión Europea (CE) presentó una revisión del sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (ETS, en inglés), la principal herramienta de política climática del bloque, en la que propone permitir a la industria comunitaria emitir más CO2 de lo previsto hasta ahora a cambio de mayores inversiones en descarbonización
Este sistema obliga a plantas industriales, aviación y sector marítimo a comprar derechos de emisión para liberar dióxido de carbono a la atmósfera, pero el número total de estos créditos se va reduciendo cada año, lo que encarece su precio e incentiva la adopción de tecnologías y procesos más limpios.
La normativa vigente, pensada para los objetivos climáticos de 2030, prevé una reducción anual de los derechos de emisión del 4,4 % que conduciría al final de estos créditos en 2039. Pero la reforma desvelada hoy -que debe ser acordada ahora por los Estados miembros y el Parlamento Europeo- rebaja este porcentaje al 3,5 % desde 2030 y al 1,7 % desde el 2036.
En la práctica, esto supone que las plantas industriales que se rigen por este sistema podrán emitir más toneladas y durante más años de lo previsto hasta ahora.
Además, la revisión aumenta el número de derechos gratuitos de emisión que el sistema reparte a la industria, aunque los condiciona a la adopción de planes de inversión para la descarbonización de sus procesos.
En concreto, Bruselas prevé repartir el 80 % de estos créditos gratuitos una vez que los planes de descarbonización de cada empresa hayan sido aprobados por su junta directiva y estén publicados, mientras que el 20 % restante se distribuiría una vez ejecutadas dichas estrategias.
“Esta es una diferencia clave. La distribución gratuita no significa efectivo gratuito. El 100 % de los créditos gratuitos tendrán que ser invertidos en descarbonización en Europa”, subrayó en una rueda de prensa el comisario de Clima, Wopke Hoekstra.
Por otro lado, introduce a partir de 2036 los llamados créditos internacionales de ‘alta calidad’, que permitirán a la UE contabilizar como propio el recorte de emisiones conseguido con proyectos de terceros países (normalmente, países en vías de desarrollo) tras pagar un precio determinado por tonelada de CO2.
La reforma introduce también modificaciones sobre la reserva de estabilidad de mercado, un instrumento dentro del sistema que sirve para aportar estabilidad y certidumbre al precio que se paga por tonelada de CO2 en momentos de volatilidad por exceso o carencia de derechos de emisión.
“Es una propuesta que mantiene una fuerte señal de precios para seguir guiando las inversiones para huir de los combustibles fósiles y traer productos limpios al mercado. Sigue poniendo un precio al carbono y reafirma la confianza para invertir en Europa”, destacó la vicepresidenta de la Comisión para una Transición Limpia, Teresa Ribera.