El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá anunció este lunes que congeló el trámite de créditos fiscales sospechosos, luego de que fuera detectada una red de corrupción dentro de la oficina tributaria que utilizó esos instrumentos y causó una lesión patrimonial cercana a los 40 millones de dólares
En el marco legal y tributario de Panamá, un crédito fiscal es un derecho patrimonial o saldo a favor que un contribuyente tiene frente al Tesoro Nacional, originado por sumas de dinero que ingresaron efectivamente al fisco de forma indebida o en exceso, o bien por incentivos y beneficios expresamente reconocidos por la ley.
Hace dos semanas fue desbaratada una red dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) que manipuló el programa de gestión e-Tax 2.0 para apropiarse los créditos fiscales – que por ley pueden ser cedidos mediante un procedimiento establecido – que luego vendieron a empresas dentro del país.
“Se ha ordenado con efecto inmediato la separación de todos los funcionarios vinculados con estos hechos. Y el congelamiento de trámites de todos los créditos fiscales bajo sospecha”, anunció este lunes el titular del MEF, Felipe Chapman, mediante un video difundido en las redes sociales de esa dependencia ejecutiva.
De acuerdo con la información disponible, nueve funcionarios de la DGI están implicados en la trama, de los que siete cumplen detención preventiva en una cárcel y dos en sus domicilios. También han sido apresados abogados y particulares.
Chapman informó que solicitó al contralor general, Anel Flores, “que realice una auditoría integral para determinar qué ocurrió, e identificar las fallas y vulnerabilidades en los controles” de la oficina recaudadora de impuestos.
El ministro aseveró que las investigaciones avanzan con “absoluta transparencia y respeto al debido proceso”, y que quienes resulten responsables “tendrán que responder ante la justicia conforme a lo establecido en la ley”.
Este esquema de corrupción dentro de la oficina tributaria de Panamá “comenzó hace muchos años, captó funcionarios, burló los sistemas”, y le tocó a la actual administración “enfrentarlo y lo estamos resolviendo”.
Por el caso de los créditos fiscales, la Fiscalía panameña imputó el pasado 12 de julio a 16 personas, entre funcionarios, abogados y particulares, por la presunta comisión de los delitos de crimen organizado, corrupción de servidores públicos, contra la fe pública y blanqueo de capitales, precisa la nota del Ministerio Público.
La investigación se inició en 2024 tras una denuncia anónima sobre presuntas irregularidades en la tramitación de créditos fiscales, de acuerdo con la información oficial.