La Asamblea aprobó por amplia mayoría el proyecto que amplía los beneficios para adultos mayores. Ahora el presidente debe decidir entre sancionarlo o atender el pedido empresarial de un veto total
El Proyecto de Ley 226 ya está en la cancha del Ejecutivo y coloca al presidente José Raúl Mulino ante una decisión que enfrenta dos posiciones: ampliar los beneficios para jubilados y adultos mayores o atender las advertencias del sector empresarial.
La iniciativa fue aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional con 47 votos a favor y uno en contra, y propone ampliar los descuentos contemplados actualmente para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
Ahora corresponde al Ejecutivo revisar el proyecto y decidir si lo sanciona, lo objeta parcialmente o ejerce un veto total.
Empresarios piden frenar el proyecto
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) ya fijó posición y pidió al mandatario vetar completamente la iniciativa.
El gremio empresarial reconoce la importancia de proteger a los adultos mayores, pero advierte que ampliar descuentos obligatorios puede trasladar una nueva carga directamente a los comercios, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.
La posición de la Cámara es que antes de convertir la propuesta en ley debe realizarse una evaluación técnica que permita determinar su impacto económico y quién terminará absorbiendo el costo de los nuevos beneficios.
¿Qué cambia para los jubilados?
El proyecto plantea ampliar los descuentos en diferentes áreas de consumo y servicios, incluyendo salud, transporte, servicios públicos, telecomunicaciones y otros servicios dirigidos a la población adulta mayor.
Entre las modificaciones propuestas se contempla elevar algunos descuentos existentes y establecer nuevos beneficios.
Por ejemplo, el texto aprobado plantea aumentar el descuento en el servicio eléctrico de 25% a 30%, para determinados niveles de consumo en la vivienda principal.
También contempla beneficios relacionados con el servicio de agua potable, telecomunicaciones, medicamentos, equipos de apoyo y otros productos y servicios.
Uno de los puntos que más atención genera en el sector comercial es la posibilidad de que los beneficiarios puedan obtener descuentos adicionales incluso sobre determinados precios promocionales.
La discusión cambia de escenario
Con la aprobación legislativa, el debate deja temporalmente los pasillos de la Asamblea y pasa al Palacio de las Garzas.
Para los defensores de la iniciativa, se trata de actualizar un régimen de beneficios que tiene décadas de vigencia y que debe responder al aumento del costo de vida y a las necesidades de los adultos mayores.
Para los empresarios, el problema está en quién termina pagando esos descuentos.
La CCIAP sostiene que las MiPymes operan con márgenes limitados y enfrentan costos crecientes de operación, por lo que imponer nuevos descuentos sin evaluar su impacto podría afectar su sostenibilidad.
Ahora decide Mulino
El presidente tiene sobre la mesa una iniciativa respaldada ampliamente por los diputados y, al mismo tiempo, la solicitud expresa del principal gremio empresarial del país para que sea vetada.
El desenlace puede abrir un nuevo debate entre la protección social y el impacto que las medidas pueden generar sobre el sector privado. Por ahora, una cosa está clara: la última palabra la tiene Mulino. Y la pregunta que comienza a tomar fuerza es inevitable:
Carta abierta.
El costo invisible de los descuentos por edad: ¿quién paga realmente la cuenta?
En Panamá se discute con frecuencia el alcance de la Ley 6 de 1987 y de iniciativas como el Proyecto de Ley 226, enfocadas en ampliar los descuentos obligatorios para la tercera edad, cuando desde el sentido común se debería discutir si fue correcto haberlo crearlo. A primera vista, estas medidas se venden como “acciones afirmativas” de apoyo social. Sin embargo, en la práctica jurídica y económica, una medida no es una verdadera discriminación positiva si para beneficiar a un sector genera un efecto directo de precarización sobre otro. Un análisis cívico y de mercado evidencia distorsiones severas que terminan obligando a las generaciones jóvenes precarizadas a subsidiar costos que el Estado jamás supo planificar, generaciones nuevas que aunque su ingreso nominal sea mayor que el que tuvo generaciones pasadas, la capacidad adquisitiva de su ingreso medio es solo una fracción al comparar, y el pronóstico de su retiro aun más precario que el que se ve en la actualidad. Se suele comparar al ciudadano mayor vulnerable y precario con el joven laborando y generando ingresos suficientes, pero en un país con informalidad cerca del 50%, y desempleo que excede al 10%, donde más del 60% de los adultos en edad laboral no tienen un empleo formal, y del sector empleado la mayoría tienen ingresos bajos que no cubren sus necesidades, pensar en añadir más cargas a esa población debería ser impensable, independientemente de lo romántica y bohemia que pueda sonar una pospuesta sin lógica o sentido detrás de ella , más que el beneficio ciego de un sector.
El problema de origen es de ingeniería política: la crisis del costo de los medicamentos, por ejemplo, surge del desmontaje histórico de los controles de margen a la importación bajo la promesa de una “libre competencia” que terminó convertida en oligopolio luego de lobbys legislativos. En lugar de fiscalizar y legislar sobre los márgenes de ganancia de los grandes distribuidores, la clase política optó por la vía fácil del populismo: mantener el mercado concentrado y parchearlo con un descuento por ley. Quienes hoy se benefician de la rebaja toleraron en su momento la desregulación de la oferta; ahora, el sobreprecio de ese mercado distorsionado lo paga el trabajador activo, pues como no existe almuerzo gratis, no hay medicamento gratis o en su defecto un descuento sin que alguien más lo pague, y el que diga lo contrario solo muestra un total desconocimiento de como funciona de su forma más básica la economía.
Esta distorsión afecta al entretenimiento, la energía, los medicamentos y la atención de salud. Se mantiene el mito de que el joven vive en una situación ventajosa por su capacidad laboral. Pero la realidad de las políticas públicas demuestra lo contrario: en Panamá no existen seguros de desempleo ni estampillas de comida para la juventud en precariedad, mientras que para el adulto mayor existen programas de transferencias directas, asistencia pública e incluso leyes que obligan a los hijos a velar legalmente por ellos. El joven desempleado o informal está en el desamparo absoluto.
Para colmo, cuando la salud falla, el impacto es doblemente grave. Un trabajador activo que pierde días laborales esperando atención en la CSS arriesga su empleo, sus ingresos y paraliza la fuerza productiva que genera los impuestos del país. En contraste, el afiliado al descuento cuenta con ingresos garantizados. Aun así, para sostener los márgenes comerciales ante la rebaja decretada, los prestatarios del servicio se ven obligados a elevar sus precios de lista para ser sostenibles. Ese “falso precio descontado” recae sobre un joven golpeado por la informalidad, sueldos de subsistencia y la imposibilidad de acceder a vivienda o fundar una familia.
Ciertamente, el deterioro de la salud en la vejez requiere protección. Sin embargo, el mecanismo actual no distingue niveles de ingreso y comete una iniquidad atroz: obliga al joven precario a financiar el consumo de una población que en muchos casos cuenta con patrimonio. Quien acude a la atención de salud privada mediante el descuento no es salvado de la indigencia, solo recibe un ahorro, trasladando esa diferencia al trabajador que debe hacer milagros para no ser despedido.
Desde la perspectiva constitucional, imponer rebajas forzosas al comercio e inflar las tarifas del resto de la ciudadanía desvirtúa la propiedad privada y crea privilegios desproporcionados que muestra constitución desaprueba. No existen los descuentos “gratuitos”: cuando la ley decreta una rebaja sin presupuesto estatal que la respalde, no elimina el costo del bien, sino que fuerza a la población más joven, endeudada y sin red de contención a pagar la cuenta de un país que ellos no rompieron.
Por más que adornen la propuesta con abonos fiscales a modo de crédito a final de ciclo, el que esté se concrete es remoto inclusive para las empresas más organizada, e imposible para agentes pequeños que requerirían de esfuerzos fiscales imposibles de realizar por ellos, y aún si concretarán su financiamiento correría a costa del flujo de caja de las empresas, afectando su liquidez, destruyendo y mermando el capital el trabajo, situación insostenible para muchas. Aunque tampoco se pueda considerar inocente en todas estas realidades la asignación directa desde el presupuesto del estado de un monto igual adicional a cada ciudadano con equidad, pues el contribuyente no beneficiarios de todas formas sería quien llevar la carga, si el estado realmente ayudará con conciencia, lo haría agregando una renta adicional a cada beneficiario, sea 200, 3000, 500 balboas, cualquier número que el político populista de turno prefiera, en vez de disponer de la propiedad privada ahogando la economía, y al menos inyectando liquidez directamente al sistema en vez de retirarla. El descuento lamentablemente siempre ha sido un pecado desde sus inicios, discriminando a los no beneficiados en una nación donde están prohibidos los fueros y privilegio, donde la seguridad jurídica sobre la propiedad privada desde entonces no ha sido respetada y dónde la economía se ha ralentizado como consecuencia de esta intervenciones equivocas que la gran alterado.
Lamentablemente cualquier opinión en contra de este descuento es demonizada, y criticada con fervor incluso por la mismos jóvenes no beneficiarios de este, los cuales son los más presionados económicamente por culpa de este descuento, y no son capaces de entender como funciona realmente la economía y que causa realmente esta práctica, no son capaces de reaccionar que está ley no existe en ninguna otra parte del mundo, y que esto ocurre por las razones antes mencionada y un por poco de sentido común, que con eso último ya debería bastar para pensarlo dos veces y descartarla sin tener que hacer tanto análisis. Algo para reflexionar aún más que todo lo otro.