Un tribunal de Filipinas ha emitido una orden de arresto contra la vicepresidenta del país, Sara Duterte, por un caso de amenazas al presidente, Ferdinand Marcos Jr
El Departamento de Justicia, citado por la prensa filipina, señaló este viernes que el Juzgado Regional de Primera Instancia de Ciudad Quezón ordenó la emisión de la orden de arresto tras hallar causa probable para someter a juicio por tres cargos de amenazas graves a Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022), detenido en La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad durante su campaña contra las drogas.
La vicepresidenta, de 48 años, dijo ante los medios a finales de 2024 que había contratado a alguien para matar al jefe del Estado, Marcos Jr, hijo del exdictador Ferdinand Marcos; a su esposa, Liza Araneta; y al entonces presidente de la cámara baja, Martin Romualdez; si ella moría antes. Según publicó entonces la cadena ABS-CBN, Duterte afirmó: “Le dije que si me matan, él debería matar a BBM (Marcos Jr), Liza Araneta y Martin Romualdez. No es broma. No es broma”.
El Ejecutivo filipino “respeta la decisión del tribunal de emitir una orden de arresto contra la vicepresidenta Sara Duterte por tres cargos de amenazas graves”, declaró la portavoz presidencial, Claire Castro, en un mensaje enviado a periodistas a través de la aplicación Viber.
“El Departamento (de Justicia) respeta el fallo del tribunal y reafirma su compromiso con el estado de derecho”, declaró por su parte el portavoz de la cartera, el abogado Polo Martínez, citado por ABS-CBN.
El medio GMA publicó una imagen de la que sería la orden de arresto escaneada, en la que puede leerse que se ha fijado una fianza de 120.000 pesos filipinos (unos 1.900 dólares) por cada cargo.
La orden se emitió después de que el tribunal denegara una solicitud de la vicepresidenta para aplazar o revocar la misma, informaron los medios filipinos.
Duterte y Marcos Jr se aliaron electoralmente para los comicios de 2022 y arrasaron en las urnas, pero tras surgir diferencias rompieron relaciones en 2024, cuando la vicepresidenta renunció como secretaria de Educación y abandonó el Gobierno.
La vicepresidenta enfrenta un juicio político en el Senado, cuyo veredicto, que se espera para antes de que finalice el año, podría derivar en su destitución del cargo y apartarla definitivamente de la carrera presidencial de 2028.