La propuesta busca compensar a jubilados y pensionados que reciben menos de B/.600 mensuales, pero la CSS pide definir primero cuántas personas entrarían al beneficio y cuánto costaría la medida.
Los B/.600 vuelven a poner a los jubilados en el centro del debate político, pero esta vez el proyecto de Ley 491 se topó con una pregunta que no admite discursos: ¿cuántos serían realmente los beneficiarios y cuánto costaría llevar sus ingresos hasta ese monto?
La iniciativa busca establecer un mecanismo de compensación para jubilados y pensionados que actualmente reciben menos de B/.600 mensuales. El proyecto ya avanzó en la Asamblea Nacional y una mesa técnica concluyó su análisis, dejando el camino abierto para que el Pleno retome su discusión.
Pero la Caja de Seguro Social (CSS) quiere los números claros antes de seguir avanzando.
La pregunta que pesa millones
La CSS pidió precisar cuántos jubilados y pensionados cumplirían con los requisitos para recibir la compensación. Y no es un detalle menor.
La institución administra actualmente siete tipos de pensiones cuyos beneficiarios pueden tener ingresos inferiores a B/.600, por lo que el universo de posibles beneficiarios dependerá de cómo finalmente quede redactada la ley y de los criterios de elegibilidad.
En otras palabras: no todo el que hoy cobra menos de $600 necesariamente recibiría automáticamente el beneficio. Ahí está una de las principales interrogantes que todavía debe resolver el proyecto.
¿Quién paga la cuenta?
Otro punto que permanece bajo la lupa es el financiamiento.
Entre las propuestas discutidas aparece la creación de un fondo para financiar la compensación. Una de las alternativas planteadas contempla un gravamen de B/.10 por cada contenedor de 20 pies (TEU) movilizado en los puertos panameños, además de una tasa de B/.10 por servicios de fumigación de contenedores.
La discusión, por tanto, ya no es solamente cuánto recibirán los jubilados. También es quién terminará pagando la diferencia.
No es un aumento tradicional
El proyecto tampoco plantea simplemente aumentar las pensiones dentro del sistema de la CSS. La propuesta contempla un apoyo económico complementario, mediante un mecanismo de financiamiento específico. Entre las fórmulas analizadas está la utilización de un fideicomiso y pagos dirigidos a quienes estén por debajo del umbral establecido.
Por eso, la discusión deberá dejar claro qué recibirán los beneficiarios, durante cuánto tiempo, bajo qué condiciones y cuál será la fuente permanente de los recursos.
Los jubilados esperan, la calculadora trabaja
Para miles de adultos mayores, los B/.600 representan una diferencia concreta entre llegar o no llegar a fin de mes. Alimentos, medicamentos, servicios básicos y transporte consumen buena parte de cualquier pensión.
Pero mientras los jubilados miran hacia la Asamblea esperando una respuesta, la CSS mira hacia otra dirección: los números.
¿Cuántos son?
¿Cuánto costará?
¿De dónde saldrá el dinero?
¿Quién administrará el fondo?
¿Será sostenible?
Son las preguntas que podrían definir el futuro de la Ley 491.
El proyecto ya tiene sobre la mesa propuestas de financiamiento y el informe de la mesa técnica fue remitido al Pleno para reactivar su trámite legislativo.
Ahora viene la parte difícil: convertir los $600 de una promesa legislativa en un beneficio que pueda pagarse sin abrir otro agujero financiero.
Porque en Panamá, cuando se habla de pensiones, la política puede poner el número… pero tarde o temprano la calculadora pasa la factura.