Anel Flores pone la lupa sobre la flota pública y pide al MEF congelar nuevas adquisiciones durante la actual vigencia fiscal. La cifra que encendió las alarmas: unos 32 mil vehículos estatales, de los cuales cerca de 5 mil estarían prácticamente para chatarra
La Contraloría quiere ponerle freno al acelerador de las compras de vehículos oficiales. El contralor general de la República, Anel Flores, anunció este lunes que solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) suspender la compra de vehículos para el Estado durante la actual vigencia fiscal, como parte de una revisión de la flota pública y de las pérdidas que genera su mantenimiento.
La propuesta fue planteada durante la sustentación del presupuesto recomendado de la Contraloría para 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
32 mil vehículos y 5 mil en la chatarra
El dato que pone combustible a la discusión es el tamaño de la flota. Según Flores, el Estado panameño cuenta con aproximadamente 32 mil vehículos, de los cuales unos 5 mil estarían en condición de chatarra. Es decir, cerca de uno de cada seis vehículos de la flota estatal estaría prácticamente fuera de circulación.
Para el contralor, antes de seguir comprando hay que determinar qué instituciones realmente necesitan vehículos, cuántos requieren y qué tipo de automóvil corresponde a cada función.
Y ahí aparece una pregunta que el Gobierno tendrá que responder:
¿Para qué comprar más carros si miles de los que ya existen ni siquiera están funcionando?
Flores plantea cambiar la fórmula
El contralor no se limitó a pedir un freno. También puso sobre la mesa una alternativa: evaluar el alquiler de vehículos en lugar de comprarlos, modelo que, según explicó, permitiría incluir mantenimiento y seguros dentro del servicio.
La idea apunta a cambiar una práctica tradicional del Estado: comprar vehículos, asumir su mantenimiento, reparaciones, seguros y posteriormente enfrentar su depreciación.
Pero también abre otra pregunta: ¿Alquilar realmente será más barato que comprar?
La respuesta dependerá de contratos, kilometraje, mantenimiento, seguros, períodos de alquiler y controles. Ahí es donde la fiscalización tendrá que ser especialmente rigurosa.
No habrá una prohibición absoluta
Flores aclaró que podrían existir excepciones por situaciones de urgencia, por lo que la propuesta no significa necesariamente que ninguna institución pueda adquirir vehículos.
El objetivo sería frenar la compra generalizada y establecer criterios para determinar quién realmente necesita un automóvil oficial.
La Contraloría también adelantó que realizará un estudio para categorizar los vehículos por gama e institución, buscando establecer quién tiene derecho a contar con uno.
El problema no termina en los carros
La discusión revela un problema mayor: cómo administra el Estado sus bienes. Tener 32 mil vehículos implica combustible, talleres, repuestos, seguros, conductores, estacionamientos y mantenimiento.
Y cuando miles están fuera de servicio, la pregunta ya no es solamente cuánto cuesta comprar un carro nuevo.
La pregunta es:
¿Cuánto le cuesta al Estado mantener una flota que no sabe administrar eficientemente?
Flores sustentó además un presupuesto recomendado para la Contraloría de aproximadamente B/.145 millones para 2027, destinado al funcionamiento de la institución y al fortalecimiento de su labor fiscalizadora.
La pelota queda en el MEF
La solicitud de suspensión deberá llegar formalmente al Ministerio de Economía y Finanzas.
Ahora corresponderá determinar si el Gobierno acepta congelar las nuevas compras y, sobre todo, si se atreve a hacer una revisión completa de la flota pública.
Porque el problema no parece ser solamente cuántos carros tiene el Estado.
El verdadero problema es saber cuántos necesita, quién los usa, cuánto cuestan y por qué seguimos comprando mientras miles terminan convertidos en chatarra.