Dos iniciativas sobre protección al consumidor avanzan en la Comisión de Comercio, mientras nuevas propuestas buscan modificar las reglas de la relación entre bancos y clientes. La discusión no está solo en lo que dicen los proyectos, sino en quién asumirá los costos de las nuevas obligaciones
La Asamblea Nacional mantiene abierto un frente legislativo que puede terminar teniendo consecuencias directas en el bolsillo de los panameños: cómo se compra, cómo se reclama y cómo se responde cuando un producto o servicio no cumple lo prometido.
Uno de los proyectos que concentra actualmente la atención es el Proyecto de Ley 650, que modifica la Ley 45 de 2007 sobre protección al consumidor. La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos instaló una mesa técnica para revisar la propuesta.
El planteamiento busca ampliar las situaciones en las que un consumidor podría exigir la devolución de su dinero cuando un bien o servicio no cumple con las condiciones ofrecidas, las características anunciadas, la garantía o lo pactado en la compra.
Pero hay un punto que merece especial atención: las sanciones.
La propuesta contempla multas administrativas que pueden llegar hasta B/.50,000, dependiendo de factores como la gravedad de la infracción, la reincidencia y el daño ocasionado.
Para el consumidor, la pregunta parece sencilla: ¿si pagué por algo que no cumplió lo prometido, tengo realmente una vía efectiva para recuperar mi dinero?
Para el comercio, la pregunta es distinta: ¿cuánto costará cumplir con las nuevas obligaciones y cómo impactará eso los precios, las garantías y los procesos de devolución?
Ahí comienza la verdadera discusión.
El segundo frente: el derecho a retractarse
La protección al consumidor no termina en el Proyecto 650. También existe el Proyecto 651, relacionado con la modificación de la Ley 45 y con la posibilidad de establecer un derecho al retracto para determinadas operaciones.
Esto abre otra discusión relevante: hasta dónde puede un consumidor cambiar de decisión después de una compra y cuáles serían las condiciones, excepciones y responsabilidades de cada parte.
La clave será conocer el texto final y, sobre todo, qué operaciones quedarían cubiertas y cuáles quedarían fuera.
Porque una ley puede reconocer un derecho en términos generales, pero su verdadero alcance se determina en los detalles: plazos, excepciones, procedimientos, responsabilidades y mecanismos para hacerlo cumplir.
Y los bancos también están bajo la lupa
El debate económico tampoco se limita al comercio tradicional.
La Asamblea recibió en julio una propuesta para crear un régimen especial de protección de los consumidores financieros, con énfasis en transparencia, educación financiera, protección contra fraudes y mecanismos para resolver disputas.
Y más recientemente, el diputado Carlos Saldaña presentó otra iniciativa que busca establecer reglas más claras sobre las tasas de interés de los préstamos y evitar que clientes sean atraídos con tasas promocionales que posteriormente aumenten.
Es decir, la discusión empieza a trasladarse desde la tienda y el comercio hacia el contrato bancario.
Y ahí el impacto puede ser todavía más sensible: una diferencia en la tasa de interés no se queda en el papel. Se convierte en cuotas, intereses acumulados y, finalmente, en dinero que sale del bolsillo de una familia.
Las preguntas que deberían acompañar el debate
Más allá del discurso de “proteger al consumidor”, hay varias preguntas que la Asamblea debería responder con números y documentos:
- ¿Cuánto le costará al comercio cumplir con las nuevas obligaciones?
- ¿Ese costo terminará trasladándose al precio final de los productos?
- ¿Qué capacidad tendrá Acodeco para fiscalizar y hacer cumplir los nuevos derechos?
- ¿Qué sectores económicos están participando en las mesas técnicas y qué cambios están proponiendo?
- ¿Cuánto cambiará realmente el proyecto original antes de llegar al pleno?
- En materia bancaria, quién asumirá el costo de una mayor regulación: las entidades financieras o los clientes?
Ese último punto es particularmente importante.
Porque una reforma puede presentarse como una protección al ciudadano, pero su efecto económico dependerá de cómo reaccionen las empresas, los bancos y las instituciones encargadas de aplicarla.
La Asamblea no solo está discutiendo nuevas reglas. Está definiendo quién asume el riesgo cuando una relación comercial sale mal.
Y esa discusión, aunque ocurra dentro de una comisión legislativa, termina afuera: en la caja registradora, en la cuota del préstamo y en el bolsillo del consumidor.